El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori recurrirá a decretos de urgencia y decretos supremos para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional (PNP) en caso de que el Congreso no apruebe las facultades legislativas solicitadas para enfrentar la criminalidad, informó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

PARA AFRONTAR OLA DELINCUENCIAL

El funcionario señaló que el Ejecutivo ya viene adoptando algunas medidas mediante estos mecanismos, principalmente para destinar recursos al fortalecimiento de áreas como inteligencia, armamento y equipamiento policial. Sin embargo, sostuvo que las facultades permitirían ampliar el alcance de las acciones previstas.

“Si no nos dan las facultades, nosotros seguiremos mediante el esquema de decreto de urgencia y decretos supremos, potenciando estas áreas de la Policía”, declaró Vinelli a Canal N.

La posibilidad de recurrir a decretos de urgencia ha sido planteada también por Rafael López Aliaga, quien pidió al Ejecutivo utilizar esta vía para acelerar medidas destinadas a la adquisición de equipos y armas, además del fortalecimiento de las unidades de inteligencia de la Policía.

PEDIDO DE FACULTADES

A finales de agosto, el Ejecutivo presentó ante el Congreso una solicitud de facultades legislativas que comprende 66 pedidos agrupados en ocho materias, por un periodo de 120 días. Entre las medidas propuestas figuran modificaciones al Código Penal, el Nuevo Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal.

El pedido también contempla cambios relacionados con seguridad ciudadana, organizaciones criminales, armas, explosivos y telecomunicaciones. Asimismo, incluye una propuesta para establecer un marco legal que permita declarar terroristas a determinadas organizaciones criminales.

Vinelli sostuvo que la administración continuará trabajando en el fortalecimiento de la Policía mientras el Congreso evalúa la solicitud.

LÍMITES PARA DECRETOS DE URGENCIA

Los decretos de urgencia tienen fuerza de ley, pero la Constitución establece que deben versar sobre materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional, y deben ser puestos en conocimiento del Congreso. El Parlamento puede modificarlos o derogarlos.

Por ello, su utilización para financiar equipamiento o determinadas medidas económicas vinculadas con la seguridad debe ajustarse al marco constitucional y a los requisitos establecidos para este tipo de normas.

El anuncio del ministro se produce mientras el Congreso también evalúa cuestionamientos contra el titular del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte.

Vinelli afirmó que el Ejecutivo respetará las atribuciones de control político del Parlamento y que sus integrantes acudirán cuando sean convocados. También defendió las medidas adoptadas contra la criminalidad y señaló que el fortalecimiento de la inteligencia policial busca mejorar la respuesta del Estado.