El Poder Judicial del Perú dispuso llevar a juicio oral a Fiorella Molinelli Aristondo y a otros 12 implicados en el denominado caso Chinchero, en el que el Ministerio Público del Perú los acusa por el presunto delito de colusión agravada vinculado a la suscripción de una adenda en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco.

La decisión fue adoptada por el 30° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, que emitió el auto de enjuiciamiento tras evaluar el requerimiento fiscal. En su resolución, la magistrada consideró que la acusación presenta claridad y precisión suficiente, por lo que ordenó el pase del caso a la etapa de juzgamiento.

El proceso se desarrollará ante un juzgado penal unipersonal de Lima, instancia encargada de determinar las responsabilidades penales de los acusados durante el juicio oral. Según el documento judicial, Molinelli es señalada como presunta autora del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.

La Fiscalía ha solicitado para los 13 procesados una pena de 10 años de prisión, además de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, plantea la imposición de 487 días multa, calculados sobre el 25 % de los ingresos diarios de cada acusado. El requerimiento también incluye el pago de una reparación civil solidaria que asciende a 268 millones 545 mil 974 dólares.

De este monto, 168 millones 545 mil 974 dólares corresponden a daño patrimonial y 100 mil dólares a daño extrapatrimonial, de acuerdo con la acusación fiscal.

Tras la emisión del auto de enjuiciamiento, la defensa legal de Molinelli confirmó haber sido notificada con la resolución, aunque advirtió que el inicio del juicio podría retrasarse debido a los recursos presentados durante la etapa previa.

El abogado Roberto Pereira explicó que su equipo interpuso apelaciones contra decisiones adoptadas en el control de acusación, además de una excepción de improcedencia de acción al considerar que los hechos imputados carecen de ilicitud. Ambas solicitudes fueron rechazadas en primera instancia y actualmente están siendo evaluadas por una sala superior.

Con esta decisión, el caso Chinchero ingresa a su fase decisiva. Será en el juicio oral donde se debatirán las pruebas y argumentos de las partes, en un proceso que busca esclarecer las responsabilidades penales en torno a uno de los proyectos de infraestructura más controvertidos del país.