Ante la escalada de asesinatos, extorsiones y otros delitos violentos en Lima Metropolitana y el Callao, el Gobierno oficializó la prórroga por 30 días del estado de emergencia en ambas jurisdicciones. La medida, publicada mediante el Decreto Supremo N.º 044-2026-PCM, amplía las facultades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para realizar operativos y mantener el control del orden interno.

El Ejecutivo indicó que la intervención priorizará las zonas con mayor concentración delictiva, empleando inteligencia, mapas de criminalidad y otros instrumentos para definir los sectores de acción. La medida permitirá a los agentes efectuar detenciones y allanamientos sin necesidad de autorización judicial en las áreas declaradas en emergencia. Además, los eventos masivos de carácter religioso, cultural, deportivo y no deportivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán realizarse sin permiso, siempre respetando las normas de seguridad vigentes.

El Comando de Coordinación Operativa Unificada será responsable de presentar un informe detallado sobre los resultados del periodo de emergencia al Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, en un plazo de cinco días hábiles tras concluir la medida. Los recursos para estas acciones provendrán del presupuesto institucional de la PNP y de asignaciones extraordinarias aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, uno de cada cuatro peruanos ha sido víctima o conoce a alguien afectado por extorsión en los últimos tres meses, cifra que equivale a más de seis millones de personas a nivel nacional. El reporte también alerta sobre el crecimiento de modalidades de violencia como el “gota a gota” y las estafas digitales y telefónicas, que han impactado a más de 6,6 millones de adultos. El sector Transporte ha sido particularmente afectado, con 239 conductores asesinados en 2025, víctimas de redes de extorsión.

La extensión del estado de emergencia busca contener la expansión del crimen organizado y reforzar la seguridad en la capital y el primer puerto del país, garantizando que las fuerzas del orden puedan operar con mayor efectividad en la lucha contra el sicariato, la extorsión y otros delitos violentos que afectan a la población.

Con esta prórroga, el Gobierno busca proteger a los ciudadanos y restablecer la confianza en la seguridad pública, aplicando medidas excepcionales dentro del marco legal vigente y focalizando esfuerzos en las áreas más críticas de Lima y Callao.