La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, supervisa el cumplimiento del Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028 (PLANSIS), estrategia que busca reducir la vulnerabilidad de la población y proteger vidas frente a fenómenos naturales de gran impacto.

El plan articula las acciones de 25 entidades públicas y contempla intervenciones frente a sismos, tsunamis, movimientos en masa y peligros glaciares en zonas consideradas prioritarias. Para este año se han programado 56 intervenciones multisectoriales destinadas a mejorar la prevención y capacidad de respuesta del Estado.

La estrategia se desarrolla sobre tres pilares. El primero corresponde a la vigilancia y estudio del riesgo, mediante la generación de información científica, monitoreo permanente y elaboración de estudios especializados que permitan conocer los escenarios de peligro.

El segundo está orientado a la reducción del riesgo, con acciones destinadas a disminuir la vulnerabilidad de la población y proteger servicios públicos y patrimonio cultural. El tercer componente está relacionado con la preparación para responder ante emergencias, mediante el fortalecimiento de brigadas de búsqueda y rescate y el entrenamiento de las comunidades.

Los escenarios de riesgo elaborados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) identifican a 182 distritos del país con riesgo muy alto ante sismos. En estas jurisdicciones viven 14 millones 817 mil 331 personas y existen 4 millones 605 mil 953 viviendas consideradas altamente vulnerables.

Las zonas identificadas se concentran principalmente en departamentos de la costa y sierra, entre ellos Lima, Piura, Lambayeque e Ica, debido a sus condiciones de exposición y vulnerabilidad.

Como parte de las acciones de preparación, la PCM informó que este viernes 14 de agosto, a las 3:00 de la tarde, se desarrollará el II Simulacro Nacional Multipeligro.

La actividad permitirá fortalecer las capacidades de preparación, respuesta y rehabilitación de las entidades de los tres niveles de gobierno y de la población ante eventuales emergencias y desastres.

La participación ciudadana será fundamental para poner a prueba los protocolos de evacuación y respuesta frente a un eventual sismo de gran magnitud.