La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó por mayoría un dictamen que propone modificar la Ley Orgánica de Elecciones para garantizar el uso de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, como locales de votación en los comicios generales del 2026.

La iniciativa, sustentada en el Proyecto de Ley 14251/2026-DP presentado por la Defensoría del Pueblo, obtuvo 13 votos a favor y dos abstenciones. El objetivo central es evitar los problemas logísticos registrados en procesos electorales anteriores, cuando algunos centros educativos se negaron a ceder sus instalaciones, generando cambios de último momento en los locales de sufragio.

Durante la sesión, el vicepresidente de la comisión, Luis Ángel Aragón, explicó que la propuesta busca dotar de mayor seguridad jurídica a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la designación de los locales de votación. Esto permitirá una mejor planificación y reducirá los inconvenientes para los ciudadanos, quienes en algunos casos tuvieron que desplazarse largas distancias para emitir su voto.

En el debate, los legisladores coincidieron en que el derecho al sufragio es un pilar esencial de la democracia y que su ejercicio no solo depende de la voluntad ciudadana, sino también de condiciones materiales adecuadas. Entre ellas destacan la cercanía de los locales, la accesibilidad y la disponibilidad de infraestructura que garantice un voto libre, igual y secreto.

Además de este dictamen, la comisión abordó otros temas relevantes. El predictamen sobre la creación del Sistema Nacional de Cuidados pasó a cuarto intermedio a pedido de la congresista Martha Moyano, a fin de continuar su evaluación.

Asimismo, se aprobaron dictámenes de control político sobre diversos decretos legislativos vinculados a sectores clave como seguridad, salud y telecomunicaciones. Entre ellos destacan normas orientadas a garantizar la continuidad del servicio público de salud y fortalecer la lucha contra el crimen.

Durante la sesión también se sustentaron nuevas propuestas legislativas. El congresista Wilson Soto planteó la inhabilitación definitiva de contratistas que abandonen obras públicas, mientras que Guido Bellido presentó una iniciativa para promover la resocialización de personas privadas de libertad mediante el trabajo obligatorio.

El dictamen aprobado deberá continuar su trámite en el pleno del Congreso para su eventual debate y aprobación final.