Emergencia en zona minera. El Gobierno dispuso ampliar por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz, ubicada en la región La Libertad, con el objetivo de intensificar la lucha contra la minería ilegal y el accionar de organizaciones criminales en la zona. La medida regirá a partir del 6 de abril de 2026, según lo establece el Decreto Supremo N.º 049-2026-PCM.

La norma cuenta con la firma del presidente de la República, José María Balcázar, y del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. En el documento se dispone que las Fuerzas Armadas continúen a cargo del control del orden interno, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un esfuerzo conjunto para restablecer la seguridad en esta zona golpeada por economías ilegales.

Como parte de esta prórroga, se mantiene el toque de queda en el distrito de Pataz, el cual se aplicará diariamente desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas. Durante ese periodo, queda restringido el tránsito de personas y vehículos, salvo en casos excepcionales vinculados a servicios esenciales. Entre estos se incluyen salud, suministro de medicinas, agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, transporte de combustibles, así como labores de vigilancia y servicios funerarios.

Asimismo, se ha previsto que farmacias y boticas continúen operando durante el horario restringido, y se permitirá la circulación de personas que requieran atención médica urgente o la adquisición de medicamentos, garantizando así el acceso a servicios básicos para la población.

El decreto también ratifica la suspensión temporal de determinados derechos constitucionales en toda la provincia. Entre ellos figuran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Estas restricciones buscan facilitar las intervenciones de las fuerzas del orden frente a actividades ilícitas que operan en la zona, principalmente vinculadas a la extracción ilegal de minerales.

El Ejecutivo ha precisado que las acciones desplegadas deberán ejecutarse en estricto respeto a los derechos humanos y conforme a los estándares del derecho internacional. En ese sentido, se subraya la obligación de las autoridades de proteger especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad durante los operativos.

La provincia de Pataz se ha convertido en uno de los principales focos de minería ilegal en el país, actividad que no solo genera graves impactos ambientales, sino que también está asociada a delitos como la trata de personas, el tráfico de insumos químicos y la violencia armada.

Finalmente, se estableció que, al término del periodo de emergencia, el Comando Unificado de Pataz deberá presentar un informe detallado al Ministerio de Defensa sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Esta evaluación permitirá determinar la efectividad de las medidas adoptadas y la necesidad de nuevas intervenciones en la zona.