Por: Carlos Meneses

El riesgo es claro: si no se actúa con decisión, el país podría enfrentar un escenario de estancamiento económico con inflación persistente, donde los más afectados seguirán siendo los ciudadanos de las regiones. Allí, donde el costo de vida ya es elevado, cada alza representa menos alimentos en la mesa y más incertidumbre en el futuro.

La inflación ha dejado de ser una cifra abstracta para convertirse en una realidad cotidiana que golpea con mayor dureza a las regiones del país. Mientras los indicadores nacionales intentan transmitir cierta estabilidad, la vida diaria en ciudades del interior revela otra historia: la de familias que ven cómo su presupuesto se reduce frente al alza sostenida de alimentos y transporte.

El reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática confirma que la inflación anual alcanzó 3.8% en marzo, superando el rango meta del Banco Central de Reserva del Perú. Sin embargo, este promedio esconde profundas desigualdades territoriales. Regiones como Puerto Maldonado, Ica o Huancayo registran incrementos superiores, evidenciando que el impacto inflacionario no es uniforme, sino más severo donde las condiciones estructurales son más precarias.

El principal problema radica en la dependencia de cadenas logísticas costosas y vulnerables. El aumento del precio de los combustibles —especialmente el GLP y el gasohol— ha encarecido el transporte de personas y mercancías. Esto genera un efecto dominó: suben los pasajes, se elevan los costos de distribución y, finalmente, el consumidor paga más por productos básicos. En las regiones, donde la oferta es limitada y los mercados dependen del abastecimiento externo, cualquier variación se siente con mayor intensidad.

A este escenario se suman factores climáticos adversos. Heladas, lluvias intensas y cambios en los ciclos agrícolas han afectado la producción en la sierra, encareciendo alimentos esenciales como la papa, frutas y verduras. El resultado es una canasta básica cada vez más inaccesible, especialmente para los sectores de menores ingresos, que destinan la mayor parte de su presupuesto a la alimentación.

El encarecimiento del gas doméstico agrava aún más la situación. Millones de hogares dependen del GLP para cocinar, y su incremento no solo impacta directamente en el gasto familiar, sino también en pequeños negocios que trasladan estos costos al consumidor final. Así, la inflación deja de ser un fenómeno macroeconómico para convertirse en un problema social que amplía brechas y profundiza desigualdades.

Frente a este panorama, la respuesta del Estado resulta insuficiente. Las medidas propuestas —como ajustes tributarios o el fortalecimiento de fondos de estabilización— avanzan con lentitud, mientras la presión sobre los precios continúa. Se requiere una estrategia más integral que no solo atienda la coyuntura, sino que corrija las debilidades estructurales del sistema de abastecimiento y producción.