El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso un nuevo estado de excepción por 60 días en nueve provincias y varios municipios, como parte de la estrategia del Gobierno para combatir el avance del crimen organizado.

La medida alcanza a zonas clave del país, incluidas Quito y Guayaquil, que concentran cerca de 7 millones de habitantes. Durante este periodo quedarán suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que permitirá a las fuerzas del orden realizar allanamientos sin orden judicial e interceptar comunicaciones.

El decreto también dispone el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para ejecutar operativos contra organizaciones criminales, especialmente en zonas consideradas críticas por la presencia de redes vinculadas al narcotráfico.

La decisión se produce en la antesala del feriado de Semana Santa, un periodo en el que millones de ecuatorianos se movilizan dentro del país, lo que incrementa los riesgos de seguridad.

Las provincias incluidas en el estado de excepción se ubican principalmente en la costa, donde operan grupos dedicados al tráfico de drogas hacia mercados internacionales como Europa y Estados Unidos. Entre ellas figuran Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y El Oro, limítrofe con Perú, además de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

También se incluye la provincia de Pichincha, donde se encuentra Quito, y Sucumbíos, en la Amazonía, zona donde recientemente se desarrollaron operativos militares con apoyo internacional para desarticular grupos armados ilegales vinculados a disidencias de las antiguas FARC.

Con esta medida, el Gobierno busca contener la creciente ola de violencia que afecta al país y reforzar el control territorial frente al crimen organizado.