Por Carlos Meneses

En este contexto, el llamado es claro: cumplir las reglas electorales no es una carga, es una responsabilidad compartida. Solo así se podrá garantizar que el 12 de abril no solo sea una jornada electoral, sino una verdadera expresión de la voluntad popular.

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el país ingresa a una etapa decisiva que no solo pone a prueba a los candidatos, sino también a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las propias instituciones del sistema electoral. Desde este 6 de abril entran en vigencia una serie de restricciones dispuestas por el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo cumplimiento no es opcional, sino un requisito indispensable para garantizar un proceso limpio, transparente y legítimo.

Las normas son claras: queda prohibida la difusión de encuestas electorales, se suspenden las manifestaciones políticas días antes de los comicios, se elimina toda propaganda en la jornada previa y se establece la conocida “ley seca”. Estas medidas, lejos de ser simples formalidades, buscan evitar la manipulación del electorado en las horas más sensibles de la decisión ciudadana.

Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que no siempre se respetan estas disposiciones. En cada proceso electoral surgen intentos de burlar la norma, ya sea mediante la difusión encubierta de encuestas, el uso de redes sociales para propaganda indirecta o la organización de actividades proselitistas disfrazadas. Estas prácticas no solo vulneran la ley, sino que erosionan la confianza pública en el sistema democrático.

La crítica no debe dirigirse únicamente a los actores políticos. Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad crucial. En un contexto de alta competencia electoral, la tentación de privilegiar la primicia o el impacto puede llevar a cruzar la delgada línea entre informar y afectar el proceso. Respetar la veda electoral no significa limitar la libertad de prensa, sino ejercerla con responsabilidad y dentro del marco legal.

Del mismo modo, la ciudadanía tiene un rol que no puede ser ignorado. El respeto a las restricciones no solo implica acatar normas como la prohibición de consumo de alcohol o la no concentración en los alrededores de los locales de votación, sino también evitar la difusión de información no verificada, rumores o propaganda en redes sociales. Hoy, cada usuario es también un emisor de contenido, y su conducta puede influir en el desarrollo del proceso.

Las autoridades, por su parte, deben garantizar una fiscalización efectiva. El despliegue de supervisores y la aplicación de sanciones no pueden quedar en el papel. La credibilidad de las elecciones depende, en gran medida, de la capacidad del Estado para hacer cumplir las reglas sin excepciones ni favoritismos.

No se trata de imponer restricciones por imponerlas. Se trata de proteger el derecho fundamental de elegir libremente, sin presiones ni interferencias de último momento. La democracia no solo se ejerce el día del voto, sino también en el respeto a las condiciones que lo hacen posible.