A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el Ministerio Público del Perú lanzó una advertencia clara a la ciudadanía: los delitos electorales serán sancionados con severidad, con penas que pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión. Estas medidas buscan proteger la voluntad popular y garantizar la transparencia del proceso democrático.

Los delitos contra la voluntad popular son aquellas conductas que afectan el derecho al voto o alteran el desarrollo normal de las elecciones. Estas infracciones están contempladas en el Código Penal y en la Ley Orgánica de Elecciones, y abarcan desde prácticas aparentemente simples hasta acciones graves que comprometen los resultados electorales.

Entre los principales delitos se encuentra la suplantación de votantes, que consiste en sufragar en lugar de otra persona, votar más de una vez o hacerlo sin tener derecho. Esta falta puede ser castigada con hasta cuatro años de cárcel. En la misma línea, la compra de votos —ofrecer dinero o beneficios para influir en la decisión del elector— también contempla penas similares.

Otro delito relevante es la coacción al elector, que implica obligar a una persona a votar o impedirle hacerlo mediante amenazas o violencia. Esta conducta también puede acarrear hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, existen infracciones más graves, como la alteración o destrucción de material electoral, que incluye falsificación de actas o manipulación de ánforas, con sanciones que pueden llegar a los ocho años de cárcel.

La perturbación o impedimento del proceso electoral es considerada una de las faltas más severas. Este delito sanciona a quienes interfieran en el normal desarrollo de los comicios mediante violencia o amenazas, y puede ser castigado con penas de hasta diez años de prisión. Asimismo, se recordó que está prohibido portar armas durante la jornada electoral, incluso si se cuenta con licencia, con sanciones que van desde un mes hasta un año de prisión.

Ante este panorama, el Ministerio Público exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad. Las denuncias pueden realizarse de manera directa en las sedes fiscales o a través de los canales oficiales habilitados.

Para reforzar la vigilancia, la institución desplegará a más de 6 000 fiscales en todo el país, quienes estarán presentes antes, durante y después de la jornada electoral. Su labor será clave para prevenir delitos y asegurar que el proceso se desarrolle de manera limpia, transparente y respetando la voluntad de todos los peruanos.