El diario Expreso informó que el expresidente Martín Vizcarra, conocido como “Lagarto”, habría grabado y difundido un video desde su celda en el penal de Barbadillo, lo que generó cuestionamientos sobre el control interno del establecimiento penitenciario y la actuación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Según la publicación, el video habría sido realizado con aparente permisividad dentro del penal, pese a las restricciones que existen para el uso de equipos de grabación y difusión de contenido desde centros de reclusión. En el material difundido, el exmandatario realiza declaraciones de carácter político, critica a quienes impulsaron sanciones en su contra y, además, habría solicitado apoyo electoral para su hermano, mostrando símbolos vinculados a su organización política.

El informe periodístico sostiene que esta situación constituiría una falta al régimen penitenciario y que habría sido encubierta por funcionarios del establecimiento, entre ellos el jefe de Seguridad del penal y altos funcionarios del INPE, incluyendo a la jefatura nacional y a la viceministra de Justicia. Sin embargo, hasta el cierre de la edición citada, no se habría iniciado un proceso disciplinario inmediato para sancionar a los responsables ni al interno involucrado.

El caso ha reavivado el debate sobre la supervisión en los centros penitenciarios del país, especialmente en lo relacionado con el acceso a dispositivos electrónicos y la difusión de mensajes políticos desde espacios de reclusión. También ha generado críticas en sectores que consideran que podría existir un trato diferenciado hacia determinadas figuras públicas.

En paralelo, la misma publicación recoge otros hechos de coyuntura política nacional. Entre ellos, la respuesta de autoridades judiciales a cuestionamientos sobre su independencia, así como aclaraciones de magistrados que rechazan posibles conflictos de interés relacionados con familiares que ejercen actividades profesionales independientes.

Asimismo, se menciona el avance de proyectos legislativos en el Congreso vinculados a sanciones para empresas que abandonen obras públicas, los cuales, según algunos legisladores, estarían siendo dilatados en su trámite parlamentario.

Por otro lado, el Ministerio Público anunció el despliegue de miles de fiscales a nivel nacional durante las próximas elecciones generales, con el objetivo de prevenir delitos electorales y garantizar la legalidad del proceso. A esto se suma la aplicación de la denominada “Ley Seca”, que restringirá la venta de bebidas alcohólicas durante el periodo electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones.

Finalmente, diversos especialistas advierten que varios partidos políticos podrían perder su inscripción si no logran superar la valla electoral en los próximos comicios, lo que implicaría una reconfiguración significativa del sistema político peruano en los próximos años.