La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Norte no reconstruyó expedientes disciplinarios ni determinó responsabilidades tras la pérdida de documentos clave de su Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPAD-D), pese a estar obligada por ley. Así lo advirtió la Contraloría en el Informe de Orientación de Oficio N.° 005-2026-OCI/2892-SOO, que identifica una situación adversa que compromete la gestión institucional.

El órgano de control detectó que la CPPAD-D no conserva libros de actas correspondientes al periodo 2013-2017 ni expedientes vinculados a procesos disciplinarios, lo que evidencia una gestión deficiente del acervo documentario. Esta documentación resulta esencial, ya que registra las deliberaciones, acuerdos y resoluciones adoptadas en los procedimientos contra docentes. Sin estos archivos, no es posible verificar la legalidad de las decisiones ni reconstruir el desarrollo de los casos.

La Contraloría también advirtió que, pese a tener conocimiento del extravío, la entidad no adoptó acciones para reconstruir los expedientes ni inició procedimientos para determinar responsabilidades funcionales. Esta inacción constituye un incumplimiento independiente de la pérdida original, ya que la Ley del Procedimiento Administrativo General establece la obligación de recomponer los documentos bajo responsabilidad de la administración.

Pese a conocer el extravío, meses después la UGEL no inició la reconstrucción de los expedientes, como exige la Ley del Procedimiento Administrativo General, ni precisó las circunstancias de la pérdida ni las posibles responsabilidades funcionales. Esta omisión, advierte la Contraloría, constituye un incumplimiento adicional que recae en los funcionarios encargados de la custodia documental.

Las consecuencias ya se reflejan en casos concretos. Un proceso disciplinario iniciado en 2014 permanece sin resolución definitiva más de diez años después, debido a la ausencia del expediente principal, lo que impide su revisión en segunda instancia. La falta de actas también bloquea la verificación de la legalidad de las decisiones adoptadas por la comisión. Además, la inexistencia de los libros de actas impide confirmar si las decisiones adoptadas por la comisión cumplieron con los requisitos formales, como el quórum o la validez de las deliberaciones. Esta situación compromete la trazabilidad de las decisiones administrativas y debilita el sistema disciplinario.

La Contraloría concluyó que esta situación restringe el acceso a la información pública, afecta el derecho de defensa y limita las acciones de control. La UGEL Arequipa Norte deberá informar en un plazo de cinco días hábiles las medidas correctivas adoptadas frente a una problemática que ya impacta en la continuidad de los procesos disciplinarios docentes.