A más de cinco años de su aprobación, la Ordenanza Regional N.° 441, que dispone la reserva de más de 3 mil hectáreas para la reubicación de familias afectadas por el proyecto Majes Siguas I, continúa sin ejecutarse debido a la falta de mecanismos que permitan su implementación efectiva.

La norma, aprobada el 18 de enero de 2021, establecía la independización de 3 008.5781 hectáreas en el predio Pampa Grande. Sin embargo, hasta la fecha no cuenta con una reglamentación técnica que defina criterios de asignación, responsabilidades operativas ni plazos concretos, lo que ha impedido su aplicación práctica.

Esta situación mantiene en incertidumbre a más de 30 familias agrupadas en la Asociación de Afectados por la Represa de Condoroma (Asarcon), quienes buscan que se impulsen instrumentos normativos que viabilicen su reubicación antes del término de la actual gestión regional.

Según explicó el presidente de la asociación, José Cahuana González, el problema se arrastra desde hace más de una década. “Desde 2010, Autodema figura como dueño de los terrenos y, hasta hoy, ningún afectado ha sido resarcido económicamente. Esto es injusto porque prácticamente ha habido una expropiación sin comunicación a los propietarios”, señaló.

El proceso se encuentra actualmente paralizado bajo la administración del Proyecto Especial Integral Majes Siguas (PEIMS) – Autodema, entidad que sostiene que su rol se limita a la administración de los terrenos. Desde su perspectiva, la elaboración de los mecanismos técnicos corresponde al Gobierno Regional de Arequipa, lo que ha generado una indefinición institucional que retrasa cualquier avance.

Para los afectados, esta falta de coordinación evidencia no solo vacíos normativos, sino también una ausencia de voluntad política. “Hemos pedido que se conforme un equipo técnico para implementar la ordenanza, pero durante esta gestión no hay resultados”, cuestionó Cahuana.

Pese a múltiples reuniones con autoridades y la Comisión de Agricultura del Consejo Regional, no se han alcanzado acuerdos vinculantes. Las partes únicamente han consensuado continuar con mesas de trabajo, cuya próxima sesión está prevista para el 25 de mayo.

Mientras tanto, la ordenanza permanece como un instrumento sin aplicación real, prolongando la incertidumbre de las familias afectadas y evidenciando las limitaciones del Estado para ejecutar medidas que, en el papel, buscan reparar impactos de proyectos de gran escala como Majes Siguas I.