Piero Corvetto, es investigado por presuntas irregularidades en el proceso electoral del 12 de abril. La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, ejecutó el allanamiento de la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por las fallas registradas durante las elecciones del pasado 12 de abril. Sin embargo, el Poder Judicial no autorizó su detención preliminar.

PJ NO AUTORIZÓ DETENCIÓN PRELIMINAR A EXJEFE DE ONPE

La diligencia fue autorizada por el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta, quien dispuso el ingreso a la vivienda del exfuncionario, así como la incautación de equipos informáticos y otros elementos que puedan contribuir a esclarecer los hechos. La intervención se realizó en horas de la madrugada, con la participación de unidades especializadas.

Según las investigaciones preliminares, los presuntos delitos que se evalúan son colusión y omisión de funciones, relacionados con las deficiencias en la distribución de material electoral que afectaron diversas mesas de votación. Estas irregularidades generaron retrasos y obligaron a extender la jornada electoral en algunos casos.

Pese a que el Ministerio Público solicitó también la detención preliminar de Corvetto, el magistrado decidió desestimar este pedido tras evaluar los argumentos presentados. De esta manera, la medida judicial se limitó al allanamiento y la recolección de pruebas.

Durante la intervención, efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) ingresaron al inmueble del exjefe de la ONPE alrededor de las 5:40 de la mañana. Imágenes difundidas muestran a Corvetto colaborando con las autoridades y entregando su teléfono celular como parte de la diligencia.

El operativo no se limitó a una sola vivienda. De manera simultánea, fiscales y policías allanaron al menos 12 inmuebles vinculados a otros funcionarios y exfuncionarios involucrados en la organización del proceso electoral. Entre ellos figuran el suspendido subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, y el exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, quien renunció tras los cuestionamientos por las fallas logísticas.

Asimismo, las autoridades intervinieron el local de la empresa Galaga, en el distrito de Lurín, debido a su presunta vinculación con los hechos investigados.

El juez Manuel Chuyo cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el sistema de justicia peruano y ha estado a cargo de casos relevantes de corrupción. Actualmente, se desempeña en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Las investigaciones continúan en curso y buscan determinar responsabilidades en uno de los episodios más cuestionados del reciente proceso electoral. Mientras tanto, las autoridades han reiterado su compromiso de garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las diligencias.