La Fiscalía solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión contra Roberto Sánchez, investigado por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones partidarias.

El caso está relacionado con los informes financieros presentados por el partido Juntos por el Perú correspondientes a los años 2020 y 2021. Según la acusación fiscal, existirían irregularidades en la información consignada sobre aportes económicos reportados por la agrupación política.

De acuerdo con el documento fiscal, también se ha solicitado la inhabilitación de Sánchez para ejercer cargos vinculados a la dirección del partido político.

La defensa legal del exministro, encabezada por el abogado Carlos García Asenjo, cuestionó la acusación y sostuvo que ambos delitos atribuidos se refieren a un mismo hecho relacionado con la presentación de reportes financieros.

El letrado explicó que la imputación correspondiente al año 2020 fue tipificada como falsa declaración en procedimiento administrativo, mientras que la referida al 2021 fue considerada como falseamiento de información sobre aportaciones, debido a que este último delito fue incorporado recién ese año en la legislación.

“En realidad es la misma conducta. Para el señor Sánchez están pidiendo la pena de cinco años y cuatro meses”, señaló el abogado al comentar el requerimiento fiscal.

Asimismo, García Asenjo indicó que aún existen aspectos que deben ser evaluados antes de la emisión de un nuevo auto de enjuiciamiento. Según afirmó, la responsabilidad penal por estos hechos no alcanzaría directamente a su patrocinado.

El proceso judicial se desarrolla en medio del escenario político y electoral del país, debido a que Roberto Sánchez fue uno de los candidatos presidenciales en las elecciones generales de 2026. En las últimas semanas, el caso volvió a tomar relevancia tras la reactivación de investigaciones vinculadas al manejo financiero de organizaciones políticas.

La Fiscalía busca determinar si existió ocultamiento o consignación de información falsa en los reportes económicos entregados a las autoridades electorales, mientras que la defensa insiste en que no existen elementos suficientes para responsabilizar penalmente al líder político.