Una denuncia presentada por criadores de camélidos en Caylloma dio pie a una investigación sobre presuntas irregularidades en los procesos de primera inscripción de dominio ejecutados por la Oficina de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). El caso ya no se limita a esa provincia. Desde el Consejo Regional de Arequipa (CRA) advierten indicios de situaciones similares en otras zonas de la región, especialmente en aquellos territorios vinculados a la actividad minera.

El caso salió a la luz luego de que familias de Caylloma descubrieran que terrenos donde desarrollaban actividades ganaderas habían sido inscritos a nombre del Estado pese a contar con escrituras públicas. Según denunciaron, se enteraron cuando empresas mineras dejaron de renovar acuerdos de uso de tierras y les informaron que ahora negociarían directamente con el Estado. El caso fue formalizado en el Informe de Fiscalización N.° 003-2026/YCHC, elaborado por la consejera regional Yesenia Choquehuanca y aprobado durante la última sesión ordinaria del Legislativo regional. El documento advierte presuntas omisiones durante el procedimiento de inscripción de nueve predios a favor del Estado mediante la Resolución Gerencial General Regional N.° 021-2024-GRA/GGR. Entre los hallazgos figura que las notificaciones a terceros afectados no aparecen en el expediente administrativo. Además, el informe señala que una visita de campo consignada el 6 de julio de 2023 no se habría realizado, ya que el funcionario encargado registró asistencia ese mismo día en oficinas del GRA. Es decir, ya existen hechos comprobados de irregularidad.

La fiscalización también cuestiona que terrenos con presencia de bofedales, animales y actividad ganadera hayan sido considerados eriazos durante las inspecciones. Dicha situación derivó en la aprobación del Acuerdo Regional N.° 124-2026-GRA/CR, mediante el cual el consejo regional conformó una comisión especial investigadora. El grupo integrado por César Huamantuma, Yesenia Choquehuanca y Natividad Taco revisará las primeras inscripciones de dominio realizadas para determinar si se ejecutaron conforme a la normativa y/o afectaron propiedades privadas no inscritas en registros públicos.

El consejero presidente de la comisión, César Huamantuma, sostuvo que la investigación buscará identificar patrones repetidos en los procesos ejecutados por la Oficina de Acondicionamiento Territorial. Entre ellos, posibles omisiones en inspecciones, afectación de derechos de comunidades y propietarios particulares, así como eventuales beneficios indirectos para proyectos mineros.“Ese caso no es el único. Ya hemos detectado varios reportes similares en Caravelí. Ahora buscamos cuantificar cuántos terrenos se han inscrito afectando propietarios, comunidades y personas naturales o jurídicas”, señaló.

Para el legislador regional, las presuntas irregularidades no responderían a errores aislados, sino a una práctica repetitiva dentro de la Oficina de Acondicionamiento Territorial. El consejero sostuvo que, desde 2015, las inscripciones de terrenos se incrementaron de forma masiva en provincias con actividad minera y cuestionó que no se verificara adecuadamente la existencia de propietarios antes de registrar los predios a nombre del Estado. Además, advirtió que estas actuaciones podrían generar futuras demandas contra el GRA por posible afectación de derechos de particulares y comunidades campesinas.

La comisión especial tendrá un plazo de 120 días para revisar expedientes y emitir conclusiones. Mientras que el informe de fiscalización recomienda iniciar procedimientos administrativos contra los funcionarios involucrados y remitir el caso a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para evaluar la legalidad de las inscripciones realizadas por el GRA.