Dos instituciones educativas de la provincia Caravelí continúan a la espera de intervenciones que permitan garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de clases. Se trata de la I.E. 40630 Virgen del Carmen, en el distrito Acarí, y de la I.E. Nuestra Señora María del Pilar, en Cháparra, cuyos planteles presentan daños ocasionados por huaicos y sismos. A pesar de compromisos asumidos por las autoridades, más de 190 escolares permanecen en ambientes temporales o declarados inhabitables.

En enero, tras las lluvias registradas este 2026, un huaico debilitó dos aulas y parte del cerco perimétrico de la I.E. Nuestra Señora María del Pilar de Cháparra. Debido a los daños en la infraestructura, 62 estudiantes del nivel secundaria fueron trasladados a un área de contingencia destinada originalmente para la posta de salud del distrito. Sin embargo, dicho espacio no reúne las condiciones necesarias para el dictado de clases, por lo que se gestionó la entrega de aulas prefabricadas. A más de tres meses de la emergencia, la institución aún no recibe los módulos solicitados.

Una situación similar enfrenta la I.E. 40630 Virgen del Carmen, en Acarí. Los constantes sismos registrados en la provincia causaron que en 2024 surjan daños en dos aulas y en un muro del cerco perimétrico colindante con una vivienda. Como consecuencia, 134 estudiantes del nivel inicial desarrollan clases en ambientes declarados inhabitables. Aunque la institución requiere una intervención urgente, durante varios años no se ejecutaron trabajos de mantenimiento ni rehabilitación por parte de ningún nivel del Estado.

Al respecto, Aarón Maldonado López, consejero regional por Caravelí, señaló que ambas instituciones mantienen gestiones pendientes sin resultados concretos. “En el colegio de Cháparra se gestionan aulas prefabricadas, pero existen retrasos por parte de la GREA. Mientras que en Acarí la municipalidad desarrolla una ficha de intervención que permita al GRA ejecutar trabajos de mantenimiento en el plantel”, declaró.

Mientras continúan las coordinaciones entre autoridades regionales y locales, los estudiantes de ambas instituciones siguen desarrollando actividades académicas en condiciones inadecuadas.