La actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) contrató a un servidor público sin concurso de méritos y financió sus remuneraciones con recursos asignados a proyectos de inversión pública entre febrero de 2023 y mayo de 2024. La Contraloría detectó que el trabajador fue incorporado como asistente administrativo, aunque terminó realizando funciones de chofer, lo que desnaturalizó el motivo de su vínculo laboral.

A través del Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 019-2026-OCI/5334-AOP, la Contraloría advirtió presuntas irregularidades en el acceso al empleo público dentro del GRA. El servidor fue contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 para desempeñarse como asistente administrativo en la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión. Sin embargo, la contratación se realizó sin concurso público, pese a que las leyes de presupuesto de 2023 y 2024 ya exigían procesos meritocráticos para el ingreso temporal al sector público.

De acuerdo con la Ley Marco del Empleo Público (Ley 28175) y los principios de mérito, igualdad y capacidad, el ingreso del servidor podría ser declarado nulo por vulnerar las normas de acceso al empleo público. La situación involucra a los funcionarios que participaron en la contratación y a quienes permitieron la continuidad del vínculo laboral por más de un año. En esa línea, se advierten posibles observaciones relacionadas con la meritocracia y el manejo presupuestal.

El órgano de control también observó que los contratos fueron financiados con recursos de al menos cuatro proyectos de inversión del GRA. Entre ellos figuran la creación de servicios educativos en Caylloma, la vía Cuatro Carriles en Yura y Cerro Colorado, sistemas de riego en Polobaya y obras hidráulicas en Maca y Achoma. La comisión de control concluyó que no se acreditó una vinculación técnica directa entre las funciones del trabajador y la ejecución de dichas inversiones.

Asimismo, el informe sostiene que el servidor no realizó únicamente labores administrativas. Aunque fue contratado como asistente administrativo, terminó ejecutando funciones de conductor en diversas comisiones de servicio desarrolladas en provincias de Arequipa. La Contraloría señaló que las labores de transporte no guardaban relación con el objeto contractual ni con la naturaleza del cargo asignado. “Se evidencia que el servidor fue destinado a cubrir necesidades operativas de transporte”, concluyó el documento.

La comisión de control advirtió que estas contrataciones habrían vulnerado los principios de mérito, igualdad y legalidad en el acceso al empleo público. También observó un presunto uso inadecuado de recursos destinados a proyectos de inversión pública. El informe recomienda al gobernador regional adoptar medidas inmediatas y evaluar el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles o penales.