Mientras un grupo de universitarios defendió la ocupación del local como una medida para exigir transparencia en las elecciones internas y respuestas por presuntas irregularidades económicas, otro sector rechazó el bloqueo al considerar que perjudica clases y responde a intereses vinculados al proceso electoral.

ALGUNAS FACULTADES RETORNARON A LAS CLASES VIRTUALES

La toma del Área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no solo abrió un nuevo conflicto institucional, sino que evidenció una fuerte división entre los propios estudiantes. Mientras un grupo bloqueó los accesos para exigir cambios en el Comité Electoral Universitario, otro sector cuestionó la medida por afectar el normal desarrollo de clases, y que esta medida responde a intereses de los propios candidatos.

La protesta se registró ayer lunes 1 de junio en el local de la Av. Venezuela, donde los manifestantes cerraron el ingreso y permanecieron dentro del campus con carteles y rostros cubiertos. En los exteriores, otros alumnos reclamaron porque no podían ingresar a sus aulas ni continuar sus actividades académicas.

Los estudiantes que impulsaron la toma sostuvieron que su medida busca denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral que definirá al nuevo rector y vicerrectores de la UNSA para el periodo 2026-2031. Su principal exigencia fue la renuncia del Comité Electoral Universitario, al que acusan de no garantizar transparencia en la inscripción y evaluación de listas.

Según los manifestantes, el malestar no se limita al proceso electoral. También denunciaron deficiencias en infraestructura, falta de servicios estudiantiles, buses institucionales sin uso, ausencia de comedor universal y temor a represalias contra alumnos que cuestionan a las autoridades o denuncian presuntos abusos dentro de la universidad.

El grupo que tomó el local afirmó que decidió cubrirse el rostro por miedo a represalias académicas o administrativas. Sus voceros señalaron que la medida es radical, pero necesaria, porque —según sostienen— anteriores reclamos y pedidos formales no habrían recibido respuesta efectiva de las autoridades universitarias.

En la otra orilla, estudiantes que quedaron fuera del Área de Sociales rechazaron el bloqueo y acusaron a los manifestantes de perjudicar a quienes acudieron a estudiar. Para este sector, la protesta no fue consultada con la comunidad estudiantil y terminó afectando principalmente a alumnos que no participaron en la decisión.

Algunos estudiantes críticos de la toma también pusieron en duda la motivación de la protesta. Señalaron que la medida podría estar vinculada a intereses de grupos afectados por el proceso electoral interno, especialmente por la observación o exclusión de listas. Esa versión fue rechazada por los manifestantes, quienes aseguraron actuar como estudiantes independientes.

La denuncia por presuntas transferencias irregulares también fue usada como argumento por quienes tomaron el local. Aunque en la protesta se mencionó un presunto perjuicio de S/8 millones, la UNSA informó oficialmente que un peritaje contable identificó más de S/5.9 millones movilizados entre 2016 y 2025 hacia cuentas personales de un servidor, hecho comunicado a la Contraloría.

La controversia dejó al descubierto dos reclamos que avanzan en paralelo: por un lado, el pedido de transparencia, fiscalización y renovación institucional; por otro, la exigencia de estudiantes que demandan no ser afectados por una medida que consideran desproporcionada. En ambos casos, el punto común es la pérdida de confianza en la conducción universitaria.

La UNSA enfrenta ahora el reto de evitar que la protesta derive en una crisis mayor. La respuesta institucional deberá atender los cuestionamientos al Comité Electoral, transparentar el avance de las investigaciones económicas y garantizar que el derecho a la protesta no termine enfrentado al derecho de miles de estudiantes a recibir clases en condiciones normales.