Patricia Quiroz Vásquez

Históricamente, los medios de comunicación del Estado han sido percibidos bajo una óptica estrictamente asistencial o de difusión unidireccional. Sin embargo, ante la actual saturación informativa y la crisis de confianza institucional, este modelo ha caducado. Hoy, debe ir más allá de la mera emisión de contenidos para convertirse en un motor de rentabilidad social. Esto implica que cada recurso invertido retorne al ciudadano como un activo estratégico que reduzca las brechas de información y fortalezca la seguridad jurídica del país. Bajo esta lógica, la histórica primera portada bilingüe en castellano y quechua del Diario Oficial El Peruano –que rompió una inercia de dos siglos– no debe leerse como un gesto meramente simbólico, sino como una redistribución del valor público enfocado en la inclusión de más peruanos.

La sostenibilidad de los medios públicos no se debe entender como la dependencia del presupuesto público, sino como la capacidad de generar valor propio a través de la eficiencia operativa y la innovación. Un medio estatal moderno está llamado a ser un referente de ecoeficiencia y transformación digital, optimizando sus procesos para que el costo de informar sea cada vez más competitivo. Al integrar herramientas de marketing de servicios y una visión gerencial, estos dejan de ser un gasto corriente para transformarse en una entidad capaz de autofinanciar su crecimiento y modernización, garantizando así su calidad técnica a largo plazo.

La innovación editorial debe acompañarse de utilidad práctica. La difusión de herramientas como la Línea 1812 de interpretación en lenguas originarias demuestra que un medio estatal puede facilitar el acceso a servicios públicos esenciales en todo el país. Su éxito depende de una gestión basada en altos estándares de buen gobierno corporativo, que combine neutralidad informativa con una comunicación institucional proactiva y coordinada con otras entidades públicas. Cuando un medio del Estado comunica con claridad, transparencia y enfoque ciudadano, no solo informa: contribuye a fortalecer la gobernanza pública, promoviendo una administración más eficiente, moderna y, sobre todo, rentable para la sociedad.

La rentabilidad social no es una utopía. France 24, el canal internacional de noticias financiado por el Estado francés, transmite en francés, inglés, árabe y español, ofreciendo una mirada plural y confiable. Su misión pública es clara: garantizar acceso a información verificada y promover valores democráticos más allá de las fronteras nacionales. En Alemania, Deutsche Welle (DW) transmite en más de 30 idiomas, promoviendo valores democráticos y reduciendo brechas informativas a escala global. Ambos casos evidencian que la comunicación estatal puede y debe ser rentable para la sociedad, no solo en términos económicos, sino en impacto ciudadano verificable.

El verdadero desafío está en la consistencia. La inclusión no puede limitarse a efemérides o campañas puntuales; debe convertirse en rutina institucional mediante contenidos multilingües regulares y una descentralización permanente de la información. Aquí surge el reto fundamental: medir la rentabilidad social a través de indicadores claros como la confianza ciudadana, la reducción de brechas lingüísticas y la capacidad de activar servicios públicos. Solo cuando estos parámetros se conviertan en norma podremos afirmar que la comunicación estatal es verdaderamente rentable. La misión ahora está en sostenerlo en el tiempo.