Por Carlos Meneses

La UNSA no solo enfrenta la recuperación de un sistema caído. Está poniendo en riesgo su credibilidad institucional. Una universidad que aspira a liderar la educación superior en el sur del Perú no puede operar sin planes de contingencia, sin comunicación efectiva y sin capacidad de reacción frente a una emergencia. Lo ocurrido debe convertirse en una lección urgente. Modernizar una universidad no es únicamente construir infraestructura; también significa garantizar eficiencia, previsión y respeto por toda su comunidad universitaria.

Quince días después del colapso de su sistema informático, la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) sigue sin ofrecer una solución definitiva ni respuestas claras a miles de estudiantes, egresados y docentes afectados. Lo que inicialmente fue presentado como una contingencia técnica temporal se ha convertido en una crisis institucional que expone graves deficiencias en la gestión tecnológica y administrativa de la principal universidad pública del sur del país.

La paralización de trámites académicos y administrativos esenciales no puede minimizarse. Grados, títulos, sustentaciones, procesos de admisión y múltiples servicios virtuales continúan detenidos, afectando directamente proyectos personales, oportunidades laborales y la continuidad profesional de cientos de egresados. Cada día de retraso representa incertidumbre y perjuicio para quienes dependen de la universidad para avanzar en sus metas académicas.

Más preocupante aún resulta comprobar que la UNSA carecía de un sistema de contingencia adecuado. El propio comunicado institucional admite que no existe una plataforma de respaldo ni servidores duplicados que permitan mantener la continuidad operativa frente a una emergencia. En tiempos donde la información digital constituye el corazón de cualquier institución moderna, resulta difícil justificar semejante vulnerabilidad en una universidad que administra los datos de más de 26 mil estudiantes.

La explicación técnica sobre fallas lógicas en los controladores de almacenamiento o la intervención de especialistas extranjeros puede ser válida desde el punto de vista operativo, pero no resuelve el problema de fondo: la ausencia de planificación y prevención. Una institución de educación superior no puede depender de un único sistema sin mecanismos alternos de respaldo. La transformación digital no consiste únicamente en adquirir equipos o plataformas; implica garantizar seguridad, redundancia y capacidad de respuesta frente a contingencias.

A ello se suma un elemento igualmente grave: el silencio de las autoridades universitarias. Hasta ahora no existe una vocería firme ni un cronograma transparente que permita conocer cuándo se normalizarán los servicios. La comunidad universitaria merece información clara, actualizaciones permanentes y, sobre todo, asumir responsabilidades. El hermetismo solo incrementa la desconfianza.

La crisis tecnológica coincide además con un escenario de tensión interna por el proceso electoral universitario. La reciente toma del área de Sociales por parte de estudiantes que exigen transparencia refleja un clima institucional deteriorado, donde la incertidumbre y el cuestionamiento hacia las autoridades crecen cada día más. Aunque las actividades académicas fueron restablecidas, el episodio evidencia una universidad atrapada entre problemas administrativos, conflictos políticos y una evidente falta de liderazgo.