El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó un proyecto de ley para facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en el levantamiento de bloqueos de carreteras que mantienen paralizado al país y agravan la crisis económica y social que enfrenta la población.

Las protestas y bloqueos, impulsados por campesinos, mineros, obreros, transportistas y maestros, se prolongan desde hace más de un mes. Inicialmente las movilizaciones exigían medidas frente a la crisis económica, pero ahora también reclaman la renuncia del mandatario.

La situación ha provocado escasez de alimentos, combustibles y medicinas, especialmente en La Paz y la ciudad vecina de El Alto, aunque el desabastecimiento ya se extiende a otras regiones del país.

Ante este escenario, Paz reiteró su llamado al diálogo, pero defendió la necesidad de permitir que las Fuerzas Armadas intervengan para restablecer el tránsito y garantizar el abastecimiento de productos esenciales. El mandatario calificó esta medida como una acción “humanitaria”.

Durante la presentación del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el presidente anunció además que envió al Congreso un proyecto para reglamentar el estado de excepción, mecanismo que podría aplicarse si la crisis continúa agravándose.

“El diálogo está siempre abierto, pero quienes se niegan a dialogar no pueden paralizar el país”, afirmó Justiniano, quien asumió recientemente el cargo.

La crisis ha generado largas filas para conseguir alimentos y combustible. En La Paz, cientos de personas se concentraron para comprar pollo distribuido por la municipalidad, mientras los precios de productos básicos continúan aumentando.

La emergencia también golpea al sistema de salud. La Gobernación de La Paz declaró en emergencia sanitaria a los hospitales debido a las dificultades para trasladar pacientes y abastecer insumos médicos. Según el Gobierno, al menos siete personas fallecieron por no recibir atención oportuna.

Mientras algunos ciudadanos respaldan medidas más firmes para recuperar el orden, otros advierten que declarar un estado de excepción podría desencadenar mayores enfrentamientos y violencia.

El Gobierno acusa al expresidente Evo Morales de promover las protestas y buscar desestabilizar al país. Morales enfrenta actualmente un proceso judicial y permanece prófugo de la justicia boliviana.