Ángel Yana Cáceres, presidente del Frente de Defensa de los Damnificados por Majes I.

Más de 100 hectáreas de terrenos reservados para los damnificados del proyecto Majes I habrían sido invadidas, comprometiendo una de las principales alternativas planteadas para atender a los agricultores que esperan una reubicación por parte del Proyecto Especial Integral Majes Siguas (PEIMS) – Autodema. Los afectados, procedentes de los distritos de Santa Rita de Siguas, Lluta, Quilca y Querque, exigen que se modifique la Ordenanza Regional que regula su atención antes de que concluya la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa.

Ángel Yana Cáceres, presidente del Frente de Defensa de los Damnificados por Majes I, explicó que las áreas comprometidas forman parte de una reserva ubicada en la denominada Zona Z del Proyecto Majes. Señaló que, ante la falta de resguardo, existen reportes sobre la instalación de granjas dentro de terrenos que debían permanecer disponibles para una futura compensación de los afectados. “Parte de la reserva destinada a los damnificados ha sido invadida. Autodema debía custodiar esos terrenos, pero hasta ahora no existe una respuesta clara sobre cómo garantizará su recuperación o protección”, afirmó.

La denuncia surge en medio del estancamiento de la modificación de la Ordenanza Regional N°. 310, norma que regula la atención de los damnificados y que, según el dirigente, ha sido considerada inaplicable por la propia Autodema. Yana Cáceres sostuvo que la Comisión de Agricultura del Consejo Regional de Arequipa se comprometió a impulsar cambios en la norma para viabilizar el resarcimiento de los afectados. Sin embargo, aseguró que desde junio de 2025 no se han promovido nuevas reuniones ni se han registrado avances significativos, pese al trabajo desarrollado previamente. “Los agricultores tenían una esperanza de solución, pero no vemos una propuesta que permita resolver nuestro problema”, declaró.

De acuerdo con el dirigente, alrededor de 490 agricultores fueron precalificados como damnificados en procesos realizados en 2006 y 2015. No obstante, nunca se concluyó una evaluación definitiva que determinara quiénes serían los beneficiarios de una eventual compensación. Además, recordó que desde 1991 los pobladores afectados no han recibido ningún tipo de resarcimiento por parte del Estado, pese a los compromisos asumidos durante la ejecución del proyecto.

Yana Cáceres señaló que la falta de una solución ha obligado a numerosas familias a abandonar la actividad agrícola, migrar a otras localidades o buscar nuevas fuentes de ingresos. En ese contexto, los representantes de los damnificados solicitaron al Consejo Regional retomar el debate de la modificatoria de la ordenanza y convocar al nuevo gerente ejecutivo de Autodema para abordar tanto la situación de las tierras reservadas como la búsqueda de una salida definitiva para los afectados.