El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa sentenció a cuatro años de pena privativa de la libertad a Miguel Tupayachi, personero de una organización política acusado de sustraer 261 cédulas de sufragio durante la segunda vuelta electoral desarrollada el domingo 7 de junio.

La condena fue convertida en 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios, luego de que el imputado se acogiera al proceso de terminación anticipada y reconociera los hechos durante la audiencia judicial.

El caso ocurrió en la institución educativa Mario Vargas Llosa, ubicada en el distrito de Mariano Melgar, donde Tupayachi retiró las cédulas de sufragio tras culminar el conteo de votos correspondiente a la jornada electoral de segunda vuelta presidencial 2026.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa, el personero incurrió en el delito de atentado contra el derecho de sufragio, una infracción considerada grave por afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

Durante la audiencia se acreditó plenamente la sustracción de las 261 cédulas, hecho que motivó la rápida intervención de las autoridades electorales y judiciales. Sin embargo, se precisó que la acción no alteró los resultados de la votación debido a que las cédulas ya habían sido contabilizadas oficialmente por los miembros de mesa y supervisores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La Fiscalía destacó que el caso fue resuelto en menos de 36 horas gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y las autoridades electorales. Para sustentar la acusación se recogieron testimonios de coordinadores de la ONPE y de otras personas presentes en el local de votación.

Además de la condena, el sentenciado cumplió con el pago de 2 000 soles por concepto de reparación civil a favor de la Procuraduría Pública de la ONPE.

El caso generó preocupación debido al contexto de alta tensión política y estrechos resultados registrados durante la segunda vuelta presidencial. No obstante, las autoridades remarcaron que el sistema de control electoral permitió detectar rápidamente la irregularidad y garantizar la transparencia del proceso.

La Unidad de Flagrancia de Arequipa resaltó que este tipo de delitos reciben atención inmediata debido a su impacto en la confianza ciudadana y en el desarrollo democrático del país.

Especialistas en derecho electoral señalaron que la sentencia constituye también un mensaje disuasivo frente a cualquier intento de alterar, manipular o interferir en los procesos electorales.

Las autoridades exhortaron a los personeros y representantes de organizaciones políticas a respetar estrictamente las normas electorales y actuar con responsabilidad durante las jornadas de votación.