Tras las elecciones presidenciales del último domingo, y todavía sin resultados concluyentes, conviene subrayar algunas necesidades urgentes que el país no puede seguir postergando y que el nuevo Ejecutivo, sea cual sea, deberá atender.

El primer desafío aparecerá incluso antes del 28 de julio: quien pierda la elección deberá reconocer los resultados finales de la ONPE, que, como sabemos, serán muy ajustados. El país necesita tranquilidad, y las fuerzas políticas en contienda deben hacer su máximo esfuerzo para contribuir a ella.

Más allá del desenlace electoral, desde Videnza Instituto hemos identificado en las últimas semanas algunos de los problemas más urgentes que deberá enfrentar el próximo gobierno. Será indispensable concentrar esfuerzos en atenderlos con eficiencia, sobre la base de evidencia y sin perder de vista la estabilidad fiscal.

El primero de esos frentes es la seguridad ciudadana. En 2024, los homicidios superaron los 2 000 casos y, al tercer trimestre de 2025, ya se habían registrado 1 689, lo que confirma una trayectoria ascendente. A ello se suma el avance de delitos como la extorsión, cuyas denuncias aumentaron 27% entre enero y octubre de 2025 frente al mismo periodo de 2024. En paralelo, el crecimiento de economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas —que en conjunto mueven más de US$ 9 800 millones al año— ha convertido este problema en un desafío que ya no es solo policial, sino también de control territorial, inteligencia y recuperación efectiva de la capacidad del Estado.

Un segundo frente crítico es la pobreza. En Arequipa, por ejemplo, la tasa de pobreza en 2025 se ubica en 12,8%. Aunque ello representa una reducción de 2,6 puntos porcentuales respecto de 2024, la cifra sigue muy por encima del 6% registrado en 2019. Hoy, Arequipa tiene más del doble de pobres que antes de la pandemia. La precariedad también se expresa en el acceso desigual a los servicios y en el mercado laboral: a escala nacional, solo el 62,3% de los hogares pobres cuenta con agua potable las 24 horas, frente al 75,7% de los no pobres, mientras que la informalidad alcanza al 75,3% de los pobres y al 55,8% de los no pobres. Frente a este panorama, se requiere promover inversión pública y privada que genere empleo para los más vulnerables y cierre brechas en el acceso a servicios básicos.

A ello se suma un problema estructural que compromete el mediano plazo: la situación del empleo juvenil. Al primer trimestre de 2026, la población económicamente activa juvenil ascendía a 2 millones 831 mil personas, de las cuales cerca de 271 mil estaban desempleadas, equivalente a una tasa de desempleo de 9,6%, casi el doble del promedio nacional. Sin embargo, el problema no es solo la falta de empleo, sino también su mala calidad: el 56,1% de los jóvenes ocupados está subempleado, el 84,8% trabaja en la informalidad y el ingreso promedio mensual juvenil apenas alcanza los S/ 1 232, muy por debajo del promedio nacional de S/ 1 925. En este frente, el gobierno deberá responder de manera integral, revisando no solo las políticas laborales, sino también las educativas y productivas.

En suma, el país enfrenta desafíos enormes. Para encararlos, será indispensable que las instituciones recuperen un mínimo de estabilidad y sentido de responsabilidad. Del Ejecutivo, en particular, se espera la recuperación de una capacidad de gestión pública severamente deteriorada; del Congreso y del Tribunal Constitucional, sobre todo, que dejen de socavar la estabilidad fiscal. Los retos son inmensos. Por el bien del país, esta vez ojalá tengamos autoridades a la altura de ese desafío.