Por Jorge Turpo R.

El posible cambio tarifario enfrenta cuestionamientos legales y la amenaza de un arbitraje entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y las empresas del SIT. Especialistas y transportistas advierten que el conflicto podría prolongarse durante meses, mientras los usuarios siguen soportando las deficiencias del servicio.

EN DEBATE ANUNCIO MUNICIPAL

La promesa de que desde septiembre el pasaje urbano volverá a costar un sol ha despertado expectativas entre miles de usuarios del transporte público en Arequipa. Sin embargo, detrás del anuncio realizado por la gestión de la alcaldesa Ruccy Oscco Polar existen dudas legales, advertencias de posibles arbitrajes y cuestionamientos sobre la viabilidad real de una reducción tarifaria que, por ahora, parece más una declaración política que una decisión concreta.

José Suárez Llerena, regidor provincial que actualmente se encuentra con licencia, considera que el anuncio difundido por funcionarios municipales podría generar una falsa expectativa en la población. Según explicó, la situación es mucho más compleja de lo que se ha presentado públicamente y está vinculada a acuerdos firmados entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y las empresas que integran el Sistema Integrado de Transportes (SIT).

El debate surgió luego de que el gerente de Transportes de la comuna provincial, Yoni Calle Cabello, señalara que existirían presuntas irregularidades o errores legales en el acuerdo que permitió incrementar el pasaje de un sol a un sol con treinta céntimos durante la gestión del exalcalde Víctor Hugo Rivera. De acuerdo con la interpretación municipal, dicho incremento tendría vigencia hasta septiembre de este año, fecha en la que la tarifa podría volver a su valor anterior.

Sin embargo, Suárez advierte que desconocer el acta y los compromisos asumidos con los transportistas podría abrir un escenario de controversia legal. En ese caso, las empresas tendrían la posibilidad de acudir a un arbitraje para defender los acuerdos suscritos con la anterior administración municipal.

“El problema es que un arbitraje no se resuelve en semanas ni en pocos meses. Podría prolongarse durante largo tiempo y generar una situación de incertidumbre que impediría cualquier modificación inmediata de las tarifas”, sostiene.

El incremento de treinta céntimos fue aprobado en un contexto marcado por el aumento de los costos operativos del transporte. En aquel momento, las empresas argumentaron que el alza de los combustibles, impulsada por la tensión internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, había afectado seriamente la sostenibilidad económica del servicio.

A ello se sumó otro factor que hasta hoy continúa siendo motivo de reclamo por parte del sector. Mientras otras ciudades del país accedieron a subsidios estatales para mitigar el impacto del precio del diésel, Arequipa quedó fuera de esos beneficios. Los transportistas atribuyen esta exclusión a la falta de gestión de las autoridades locales de entonces.

Las empresas del SIT tampoco han ocultado su preocupación por las declaraciones de la nueva gestión municipal. Desde el sector consideran que se está trasladando a la opinión pública la idea de que los transportistas son responsables de mantener una tarifa elevada, cuando existe un acuerdo vigente que sustenta el cobro actual.

Marat Santos, gerente de AQP Masivo, ha señalado que si la municipalidad intenta desconocer el acta suscrita con la administración anterior, las empresas recurrirán a un arbitraje. De concretarse esa decisión, el conflicto podría extenderse incluso hasta la siguiente gestión municipal, dejando el tema sin resolver durante varios años.

Mientras la discusión gira en torno al precio del pasaje, los problemas estructurales del transporte público continúan afectando diariamente a los usuarios. El hacinamiento en las unidades, el incumplimiento de horarios, la competencia desordenada entre operadores y la creciente presencia de vehículos informales siguen siendo parte de la realidad cotidiana de miles de pasajeros.

Precisamente allí surge una de las principales críticas a la actual administración. A un mes de haber asumido funciones, no se observan medidas concretas orientadas a mejorar la calidad del servicio o a fortalecer la fiscalización del transporte informal. Por el contrario, la relación entre la municipalidad y las empresas concesionarias parece dirigirse hacia un escenario de confrontación.

Para Suárez Llerena, existe el riesgo de que la promesa de reducir el pasaje termine convirtiéndose en una estrategia de alto contenido populista. Según afirma, el anuncio desvía la atención de los problemas de fondo que afectan al sistema y alimenta una expectativa cuya materialización resulta incierta.

La experiencia demuestra además que las tarifas del transporte público rara vez disminuyen una vez que han sido incrementadas. Más aún en un contexto donde la informalidad ocupa una porción importante del mercado, estableciendo precios sin regulación efectiva y generando una competencia desigual frente a las empresas autorizadas.

Por ahora, la única certeza es que septiembre se acerca y las dudas persisten. Los usuarios esperan una reducción que aliviaría su economía familiar, mientras los transportistas advierten que acudirán a los mecanismos legales necesarios para defender los acuerdos vigentes. Entre ambos extremos se encuentra una municipalidad que deberá demostrar si su promesa puede convertirse en realidad o si terminará siendo una expectativa más que chocó contra las limitaciones legales y la compleja realidad del transporte arequipeño.