El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, investigados por la muerte de Gerardo Calsín y por el ataque contra su esposa y sus hijos menores. La Fiscalía sostuvo que existen graves elementos de convicción y riesgo de fuga.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra los hermanos Fray Armando (22) y Tony Badany (18) Ccoyuri Chumbisuca, investigados por la muerte de Gerardo Calsín Cari y por el ataque contra su esposa y sus tres hijos menores de edad, ocurrido la madrugada del 2 de junio en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

La medida fue sustentada por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Pedregal, que imputó a ambos jóvenes los presuntos delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. El Ministerio Público sostuvo que los investigados debían afrontar el proceso recluidos mientras continuaban las diligencias.

Según la tesis fiscal, los hermanos habrían ingresado durante la madrugada a la vivienda de la familia Calsín, cuando sus integrantes descansaban. Gerardo Calsín falleció como consecuencia del ataque, mientras que su esposa Roberta Calsín Pacompía y tres menores resultaron gravemente heridos.

El fiscal adjunto provincial Milton Ortega Quispe argumentó durante la audiencia que existían graves y fundados elementos de convicción que vincularían a los hermanos Ccoyuri con los hechos investigados. También señaló que la eventual pena podría alcanzar los 35 años de prisión por el concurso real de delitos.

La Fiscalía advirtió, además, peligro procesal por presunto riesgo de fuga. Según el requerimiento, los investigados no habrían acreditado arraigo laboral, familiar ni domiciliario suficiente, elementos que fueron valorados para sustentar la necesidad de prisión preventiva durante la etapa de investigación.

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar, pero fueron intervenidos por efectivos policiales en inmediaciones de la posta médica de Sóndor, en el distrito de Santa Isabel de Siguas. La Policía llegó a la zona luego de recibir información sobre la presencia de dos varones que buscaban atención médica.

Los familiares de las víctimas consideraron insuficiente el plazo de nueve meses de prisión preventiva y pidieron celeridad en las investigaciones. También expresaron preocupación por el estado de salud de Roberta Calsín y de uno de sus hijos, quienes continuaban recibiendo atención especializada por la gravedad de sus lesiones en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza.

Alex Calsín, hermano de Roberta, señaló que las menores víctimas del ataque, permanecen emocionalmente afectadas tras el ataque. Los deudos solicitaron garantías para su seguridad y acompañamiento permanente mientras avanza el proceso penal.

El caso generó conmoción en Majes y volvió a colocar en debate la capacidad de respuesta del sistema de justicia frente a ataques graves dentro del entorno familiar. La investigación también deberá esclarecer la motivación del hecho y confirmar si estuvo vinculada a una denuncia previa que la familia pretendía realizar.

La prisión preventiva no definió la responsabilidad penal de los investigados, pero aseguró su permanencia bajo custodia mientras la Fiscalía completa las diligencias. En un caso marcado por la muerte de un padre y una familia gravemente afectada, la exigencia central quedó puesta en una investigación rápida, rigurosa y con garantías para las víctimas.