Por Carlos Meneses

La Colina no necesita más anuncios ni ceremonias. Necesita resultados. Después de seis años de espera, la comunidad educativa tiene derecho a exigir que el Gobierno Regional de Arequipa convierta las promesas en una realidad tangible. Porque una obra educativa no se mide únicamente por el concreto levantado, sino por el futuro que ayuda a construir.

La historia de la construcción del colegio Técnico Agropecuario La Colina, en Majes-El Pedregal, resume una de las mayores debilidades de la gestión pública regional: la recurrente incapacidad para ejecutar obras de manera eficiente y cumplir los compromisos asumidos con la población. Lo que debió convertirse en una moderna infraestructura educativa para fortalecer la formación de cientos de estudiantes terminó transformándose en un símbolo de retrasos, abandono y promesas incumplidas.

Han pasado más de seis años desde que se anunció la construcción de la nueva institución educativa. Durante ese tiempo, la obra ha sobrevivido a cambios de autoridades, paralizaciones, controversias políticas y constantes reclamos de la comunidad educativa. Mientras gobernadores y funcionarios iban y venían, los alumnos continuaban estudiando en condiciones precarias, observando cómo una infraestructura inconclusa se deterioraba progresivamente sin brindar ningún beneficio.

La responsabilidad de esta situación no puede atribuirse únicamente a una gestión. La obra atravesó varias administraciones sin que ninguna lograra garantizar su culminación. Sin embargo, corresponde a la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa asumir plenamente el reto de concluir un proyecto que heredó con problemas, pero que decidió reiniciar comprometiéndose a entregarlo dentro de plazos concretos.

En julio de 2025 se anunció con entusiasmo la reactivación de los trabajos y una inversión de 17 millones de soles. La noticia devolvió la esperanza a padres de familia, docentes y estudiantes que durante años habían esperado una solución definitiva. Se estableció un plazo de 14 meses para culminar la obra, con una fecha de entrega prevista para septiembre de este año.

No obstante, la realidad vuelve a encender las alarmas. El avance físico reportado apenas alcanza el 32 %, una cifra que genera dudas razonables sobre la posibilidad de cumplir el cronograma establecido. La preocupación de la comunidad educativa es legítima. La experiencia les ha enseñado que las obras públicas inconclusas suelen convertirse en problemas interminables cuando los plazos se incumplen y las autoridades evaden responsabilidades.

El Gobierno Regional no puede permitirse repetir la historia. Más aún cuando el calendario político avanza inexorablemente y una nueva administración asumirá funciones en enero de 2027. Si la obra no se concluye antes de ese momento, existe el riesgo de que vuelva a quedar atrapada entre expedientes, modificaciones presupuestales y nuevas prioridades de gestión.

La educación no puede seguir siendo la principal víctima de la ineficiencia estatal. Cada día de retraso representa una oportunidad perdida para cientos de estudiantes que merecen acceder a laboratorios, talleres, bibliotecas y espacios adecuados para su formación.