Por Rocío Velazco C.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los arequipeños. Lo que hace algunos años parecía un problema concentrado en Lima y el norte del país, hoy golpea con fuerza a la segunda ciudad más importante del sur peruano. Extorsiones, homicidios, robos organizados y la expansión de economías ilegales han configurado un escenario que demanda respuestas más contundentes desde el Gobierno nacional.

SEGÚN INFORME DE IPE

Las cifras muestran con claridad la magnitud del problema. Entre 2020 y 2025, las denuncias por extorsión en Arequipa se multiplicaron por ocho, mientras que los casos vinculados a minería ilegal aumentaron siete veces. A ello se suma el crecimiento sostenido de los homicidios, fenómeno que evidencia la presencia cada vez mayor de organizaciones criminales vinculadas a actividades ilícitas que operan en distintos puntos de la región, según reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE).

La experiencia de los últimos cinco años demuestra que las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo tienen un impacto directo sobre la realidad de las regiones. Aunque el Gobierno no cuente con mayoría parlamentaria, mantiene amplias facultades para definir prioridades presupuestales, diseñar estrategias de seguridad, fortalecer instituciones y orientar políticas públicas capaces de mejorar o deteriorar las condiciones de vida de millones de ciudadanos.

En el caso de Arequipa, la preocupación aumenta porque el deterioro de los indicadores de seguridad coincide con una reducción de los recursos destinados a combatir el delito. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), el presupuesto regional orientado a programas de reducción de delitos, lucha contra el tráfico ilícito de drogas y combate a la minería ilegal cayó 31 % en 2026 respecto a 2019, considerando la inflación acumulada durante ese periodo.

UNA CRIMINALIDAD QUE AVANZA

Las estadísticas del IPE reflejan una transformación preocupante del panorama de seguridad regional. En 2020, las denuncias por extorsión tenían una incidencia relativamente baja. Sin embargo, cinco años después la situación cambió radicalmente.

Durante 2025, Arequipa registró una tasa de 29,7 denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes, cifra ocho veces superior a la observada en 2020. Lejos de mostrar una desaceleración, la tendencia continuó durante 2026. Hasta abril, la tasa ya alcanzaba las 32,6 denuncias por cada 100 mil habitantes.

El fenómeno preocupa especialmente porque la extorsión suele estar asociada a organizaciones criminales que utilizan amenazas, intimidación y violencia para obtener beneficios económicos ilícitos. Comerciantes, transportistas, empresarios y emprendedores se han convertido en potenciales víctimas de estas redes que buscan expandir su influencia en la región.

La situación es aún más alarmante cuando se analizan los homicidios. Mientras que en 2020 Arequipa registraba niveles relativamente bajos, en 2025 la tasa llegó a 78,7 denuncias por homicidio por cada 100 mil habitantes, cuadruplicando los registros de hace cinco años.

Los datos correspondientes a 2026 muestran que el problema sigue creciendo. Hasta abril, la tasa alcanzó 80,3 denuncias por cada 100 mil habitantes, confirmando que la violencia criminal continúa expandiéndose en la región.

Especialistas advierten que el incremento de homicidios suele ser uno de los indicadores más sensibles para medir la presencia y consolidación de organizaciones delictivas, ya que muchas veces está vinculado a disputas territoriales, ajustes de cuentas o actividades económicas ilegales.

MINERÍA ILEGAL: AMENAZA PERSISTENTE

El avance de la minería ilegal constituye otro de los desafíos más complejos para Arequipa. Esta actividad no solo genera graves impactos ambientales, sino que también está asociada a delitos como lavado de activos, trata de personas, explotación laboral, evasión tributaria y corrupción.

Entre 2020 y 2025, las denuncias vinculadas a minería ilegal se multiplicaron por siete en la región. El crecimiento de esta actividad ha estado relacionado con las limitaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que originalmente fue creado para facilitar la transición hacia la formalidad.

Sin embargo, diversos sectores cuestionan que el sistema no ha cumplido plenamente ese objetivo. Por el contrario, sostienen que ha permitido que numerosas operaciones continúen funcionando sin completar los requisitos exigidos para formalizarse.

Antes del proceso de exclusión de registros aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 012-2025-EM, Arequipa concentraba el 19.6 % de los inscritos en el Reinfo a nivel nacional, convirtiéndose en la región con mayor número de registros.

Esta situación plantea enormes desafíos para el próximo gobierno, que deberá encontrar mecanismos eficaces para promover la formalización, fortalecer la fiscalización y combatir las redes criminales que se benefician de la explotación ilegal de recursos minerales.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA CON BRECHAS PENDIENTES

Aunque la seguridad ocupa el centro del debate, no es el único reto que enfrenta la región. Las cifras económicas muestran avances importantes, pero también revelan problemas estructurales que aún persisten.

Durante 2025, la pobreza monetaria en Arequipa disminuyó de 15.8 % a 12.8 %, impulsada por la recuperación económica y una mejora del empleo formal. Esta reducción permitió que miles de familias mejoraran sus condiciones de vida.

Sin embargo, la comparación con el periodo prepandemia muestra que la recuperación todavía es incompleta. En 2019, la pobreza monetaria alcanzaba apenas el 6 %. Esto significa que actualmente existen alrededor de 103 mil personas más en condición de pobreza respecto a los niveles previos a la crisis sanitaria.

La situación es similar en el caso de la pobreza extrema. Aunque la tasa regional de 1,4 % se encuentra por debajo del promedio nacional de 4,7 %, sigue siendo superior al 0,4 % registrado antes de la pandemia.

Detrás de estas cifras existen familias que aún enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas, acceder a servicios de calidad y sostener ingresos suficientes para garantizar su bienestar.

LA DEUDA CON LA INFANCIA

Otro de los indicadores que genera preocupación es la anemia infantil. Pese a los esfuerzos realizados durante los últimos años, Arequipa no ha logrado revertir completamente este problema de salud pública.

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), en 2024 el 43,9 % de los niños de entre 6 y 35 meses padecía anemia. La cifra resulta superior al 38,8 % registrado en 2019 y evidencia que miles de menores continúan enfrentando deficiencias nutricionales que pueden afectar su desarrollo físico y cognitivo.

La persistencia de este problema demuestra que el crecimiento económico por sí solo no garantiza mejoras automáticas en la calidad de vida de la población. Se requieren políticas sostenidas de prevención, educación nutricional y atención primaria de salud para lograr resultados duraderos.

EL FUTURO REGIONAL

La experiencia reciente demuestra que las decisiones del Gobierno nacional tienen consecuencias directas sobre el desarrollo de Arequipa. Desde la asignación de recursos para combatir la delincuencia hasta la ejecución de programas sociales, pasando por la promoción de inversiones y la construcción de infraestructura, el Ejecutivo conserva herramientas decisivas para impulsar el crecimiento regional.

También tiene la responsabilidad de garantizar estabilidad económica, preservar la sostenibilidad fiscal y generar condiciones favorables para la creación de empleo formal y el fortalecimiento de la competitividad.

Para una región con el potencial productivo de Arequipa, estas decisiones pueden marcar la diferencia entre consolidar una senda de desarrollo o profundizar problemas que afectan cada vez más a la población.

Por ello, en el escenario político que se abre hacia los próximos años, la capacidad técnica, la visión estratégica y el compromiso de quienes conduzcan el Gobierno serán factores determinantes. Los desafíos son evidentes: combatir la inseguridad, frenar las economías ilegales, reducir la pobreza, enfrentar la anemia infantil y promover inversiones que generen oportunidades.

La magnitud de estos problemas exige algo más que discursos. Requiere políticas públicas sostenidas, instituciones fortalecidas y un Ejecutivo capaz de convertir las necesidades de los ciudadanos en resultados concretos. Arequipa, una de las principales regiones del país, no puede permitirse seguir perdiendo terreno frente a amenazas que comprometen su seguridad, su desarrollo económico y la calidad de vida de sus habitantes.