Por Carlos Meneses

La magnitud de los problemas exige liderazgo, decisión y políticas públicas eficaces. Los ciudadanos esperan resultados concretos. Recuperar la seguridad, combatir las economías ilegales y reducir las brechas sociales ya no son tareas postergables. Son condiciones indispensables para garantizar el futuro de Arequipa y preservar la calidad de vida de sus habitantes.

Durante décadas, Arequipa fue considerada una de las regiones más seguras del país. Sin embargo, esa percepción ha comenzado a desmoronarse. Hoy, la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y en una amenaza directa para el desarrollo económico y social de la región.

Las cifras difundidas recientemente por el Instituto Peruano de Economía (IPE) son contundentes. Entre 2020 y 2025, las denuncias por extorsión se multiplicaron por ocho en Arequipa, mientras que los casos relacionados con minería ilegal crecieron siete veces. A ello se suma el incremento sostenido de homicidios, uno de los indicadores más sensibles para medir el avance de la criminalidad organizada.

Estos datos no pueden ser interpretados como hechos aislados. Reflejan una transformación preocupante del escenario regional y evidencian la presencia cada vez más visible de organizaciones criminales que encuentran espacios para expandirse, captar recursos y fortalecer economías ilegales. El problema ya no se limita a delitos comunes; estamos frente a estructuras que utilizan la violencia, la intimidación y la ilegalidad como mecanismos de control y financiamiento.

La preocupación aumenta cuando se observa que este deterioro ocurre en paralelo a una reducción de los recursos destinados a combatir la delincuencia. Según el IPE, el presupuesto regional orientado a programas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a la minería ilegal disminuyó significativamente respecto a los niveles registrados antes de la pandemia. En otras palabras, mientras la criminalidad avanza, la capacidad de respuesta del Estado parece haberse debilitado.

Pero la inseguridad no es el único desafío. La pobreza, aunque ha mostrado una reducción en los últimos años, todavía se encuentra por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria. Miles de familias continúan enfrentando dificultades económicas y más de cien mil personas permanecen en situación de pobreza respecto a 2019. Asimismo, la persistencia de la anemia infantil demuestra que los beneficios de la recuperación económica aún no llegan de manera equitativa a toda la población.

Frente a este panorama, el próximo gobierno nacional tendrá una enorme responsabilidad. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo abordada únicamente mediante operativos coyunturales o declaraciones políticas. Se requieren estrategias integrales, fortalecimiento institucional, inteligencia policial, mejor coordinación entre los distintos niveles de gobierno y una inversión sostenida en prevención del delito.

Arequipa es una de las regiones más importantes del país por su capacidad productiva, su aporte económico y su potencial de crecimiento. Sin embargo, ninguna inversión prospera y ninguna sociedad avanza cuando la violencia y la ilegalidad ganan terreno.