Padres de familia reclaman a autoridades de la Ugel Sur. La UGEL Sur negó que la deuda con Sedapar corresponda directamente al sector Educación y señaló que el pago pendiente habría sido generado por la empresa contratista durante la ejecución de la obra. Mientras no se concrete la entrega oficial, los escolares del colegio Felipe Santiago Salaverry de Socabaya siguen sin retornar plenamente a su nueva infraestructura.

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ESTUDIANTES AFECTADOS

La entrega del colegio Felipe Santiago Salaverry de Socabaya volvió a quedar entrampada por una deuda vinculada al servicio de agua potable y alcantarillado con Sedapar, en medio de versiones cruzadas entre la Municipalidad Distrital de Socabaya y la UGEL Sur. El problema mantiene en incertidumbre el retorno de los estudiantes a una infraestructura esperada por padres de familia y docentes.

El director de la UGEL Sur, Fernando Polanco, sostuvo que la deuda no habría sido generada por la unidad educativa, sino por la empresa contratista a cargo de la obra. Explicó que, cuando una institución educativa entra en proceso de reconstrucción, la empresa ejecutora suele asumir el pago de los servicios básicos hasta la entrega del proyecto.

Según Polanco, el conflicto aparece cuando el contratista culmina o entrega parcialmente una obra sin honrar pagos pendientes. En esos casos, la UGEL puede asumir el servicio desde la recepción oficial, pero no la deuda anterior vinculada al medidor utilizado durante la etapa constructiva.

El funcionario precisó que la alternativa aplicada por la UGEL Sur, para no afectar el servicio educativo, consiste en solicitar un segundo medidor y asumir desde ese momento el pago regular del consumo. Esa medida permitiría habilitar el colegio sin trasladar a Educación una deuda que, según su versión, correspondería a la etapa de ejecución de la obra.

La situación también abrió un nuevo frente de responsabilidad para la Municipalidad de Socabaya, entidad encargada del proyecto y de coordinar la recepción de la infraestructura. De acuerdo con la UGEL Sur, el colegio aún no habría sido entregado oficialmente en su totalidad, pese a que se realizaron actos simbólicos y visitas a los ambientes terminados.

La versión difundida por la Municipalidad de Socabaya intentó presentar la supervisión de la UGEL Sur como un avance casi definitivo para la entrega del colegio Felipe Santiago Salaverry, destacando aulas modernas, ascensores, biblioteca, salas de cómputo, talleres y ambientes administrativos. Sin embargo, ese discurso omitió un punto central: la visita técnica no significó recepción oficial de la obra ni resolvió los problemas administrativos que todavía impiden el retorno pleno de los estudiantes.

La precisión de la UGEL Sur desarmó el mensaje municipal al aclarar que la deuda vinculada al servicio de agua y alcantarillado no correspondería al sector Educación, sino a la empresa contratista durante la ejecución de la obra. Así, la infraestructura puede lucir culminada, pero sigue atrapada en obligaciones pendientes, entrega incompleta y responsabilidades no cerradas; un escenario que contradice la imagen de avance que la comuna buscó proyectar ante los padres de familia.

La controversia golpeó directamente a los escolares y padres de familia del Felipe Santiago Salaverry, quienes esperan ocupar una nueva infraestructura luego de meses de retrasos y reclamos. El caso adquirió mayor tensión porque la obra se presentó como una solución educativa para Socabaya, pero su uso efectivo sigue condicionado a trámites, pagos y entrega formal.

El problema no sería aislado. La UGEL Sur informó previamente que varias instituciones educativas de su jurisdicción enfrentaban dificultades por pagos pendientes de servicios básicos, con una deuda acumulada que fue estimada en aproximadamente S/ 120 mil, aunque el monto podía variar por procesos de regularización.

El antecedente de control también añade presión al caso. Reportes sobre informes de la Contraloría advirtieron observaciones en la obra del colegio Felipe Santiago Salaverry, entre ellas riesgos vinculados al control del residente, orden en la zona de trabajo y cumplimiento de condiciones técnicas durante la ejecución del proyecto.

La salida administrativa dependerá ahora de que la Municipalidad de Socabaya y la empresa contratista regularicen los pendientes antes de la entrega definitiva. La UGEL Sur aseguró que, si recibe formalmente la obra, garantizará el servicio educativo mediante un nuevo suministro, pero insistió en que no puede asumir obligaciones generadas antes de la recepción.

El colegio Salaverry quedó convertido en un caso emblemático de cómo una obra pública puede quedar lista en apariencia, pero inutilizada por fallas de cierre administrativo. Para los padres de familia, el punto central ya no es quién se atribuye la deuda, sino cuándo los escolares podrán estudiar en condiciones adecuadas y sin seguir atrapados entre responsabilidades no resueltas.