Por: Carlos Meneses

Las elecciones de octubre en Arequipa no solo pondrán a prueba candidatos. Pondrán en evidencia algo más incómodo: si la democracia regional sigue siendo un sistema de representación abierta o si ha empezado a transformarse, silenciosamente, en una sucesión de clanes que compiten entre sí por el control del Estado.

La política arequipeña ha empezado a parecerse, peligrosamente, a una reunión familiar con fines electorales. Esposas, hijos, hermanos, padres y parejas sentimentales se reparten candidaturas en distintos niveles de gobierno como si se tratara de un reparto interno de cargos, no de una competencia democrática abierta. El fenómeno no es anecdótico: es estructural. Y revela una crisis profunda de representación política en la región.

No hay ilegalidad en ello. La ley no prohíbe que familiares integren una misma organización política ni que postulen en simultáneo. Pero lo que es legal no necesariamente es sano para la democracia. La proliferación de clanes familiares en las listas electorales expone la debilidad de los partidos y movimientos regionales, convertidos en vehículos improvisados que, ante la falta de cuadros, recurren a su entorno más inmediato: la familia.

En Arequipa, los ejemplos se multiplican. Exautoridades que buscan regresar al poder acompañadas de sus cónyuges en otras jurisdicciones, regidores que postulan junto a sus hermanos, alcaldes que intentan saltar a cargos provinciales mientras sus padres o parejas ocupan listas distritales. El poder, lejos de renovarse, se redistribuye dentro del mismo círculo doméstico.

El caso no es solo político, es simbólico. Cuando una organización no distingue entre militancia y parentesco, lo que se erosiona es la idea misma de representación. El ciudadano deja de ser el centro del sistema y pasa a ser un espectador de pactos privados que se disfrazan de democracia.

Pero el problema no termina en los apellidos. Detrás de esta lógica familiar existe una estructura partidaria debilitada hasta el extremo. Los partidos ya no forman cuadros, no cultivan liderazgos ni sostienen vida interna real. Aparecen en campaña, desaparecen después de la elección y vuelven a surgir meses antes del siguiente proceso electoral, armando listas con lo que encuentran a la mano.

En ese vacío, la familia se vuelve solución práctica. Es leal, disponible y no exige condiciones políticas. Pero también reduce la competencia, limita la renovación y concentra el poder en entornos cerrados donde la deliberación democrática se vuelve casi inexistente.

La consecuencia es visible: listas electorales que no reflejan diversidad social ni política, sino redes de parentesco que se repiten en distintos niveles del Estado. La política se vuelve hereditaria en la práctica, aunque no en la norma.

No se trata de criminalizar a los familiares que postulan. Muchos pueden tener capacidades legítimas. El problema es otro: cuando los vínculos de sangre sustituyen a la formación política, a la trayectoria pública y al mérito ciudadano, la democracia pierde oxígeno.

Este fenómeno también encuentra terreno fértil en el descrédito general de la política. La desconfianza ciudadana, alimentada por años de corrupción y promesas incumplidas, aleja a profesionales, jóvenes y líderes sociales. Lo que queda es un espacio vacío que los partidos llenan como pueden, no como deberían.

Así, la política se achica. Y al achicarse, se familiariza. No en el sentido de cercanía con la gente, sino en el sentido literal: se encierra en familias, en apellidos repetidos, en círculos cada vez más pequeños de poder.