CAMINO A LA IMPUNIDAD

Casos de personas fallecidas en protestas

volverían a cero tras norma del Congreso

La aprobación de una polémica ley podría alterar el curso de las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte. Los expedientes de Miguel Arcana, Xavier Candamo y Jhan Carlo Condori, que estaban cerca del juicio oral, tendrían que pasar a la jurisdicción militar.

Por Jorge Turpo R.

La aprobación de una controvertida ley por parte del Congreso podría alterar de manera radical el curso de las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Entre los procesos que resultarían afectados se encuentran los casos de los tres manifestantes fallecidos en Arequipa entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuyos expedientes se encuentran actualmente a un paso del juicio oral.

La norma, aprobada en segunda votación con 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones, modifica el Código Penal Militar Policial y establece que los delitos presuntamente cometidos por policías y militares durante acciones de servicio sean procesados exclusivamente en la jurisdicción militar-policial y no en la justicia ordinaria.

Para el abogado de los familiares de las víctimas en Arequipa, Arturo Salas Vildoso, la consecuencia inmediata sería que las investigaciones desarrolladas durante más de dos años en el fuero común tendrían que ser archivadas y remitidas a tribunales militares.

“Esta norma se aplicaría a todos los casos abiertos. En la justicia civil los procesos tendrían que archivarse para ser enviados a la justicia militar. Eso significa que todo lo avanzado podría perderse”, advirtió.

La preocupación no es menor. Los expedientes por las muertes de Miguel Arcana, Xavier Candamo y Jhan Carlo Condori ya se encuentran en la etapa de control de acusación, una fase previa al juicio oral.

Según Salas, el Ministerio Público ha formalizado investigaciones penales contra miembros de la Policía Nacional por el uso de armas de fuego durante las manifestaciones.

Sin embargo, si la ley entra en vigencia, los casos tendrían que cambiar de jurisdicción.

“Estamos hablando de procesos que están prácticamente listos para iniciar juicio. Todo tendría que pasar al fuero militar-policial. Volveríamos al punto de partida”, sostuvo.

Los críticos de la norma la han denominado “ley de impunidad”, al considerar que favorece a policías y militares investigados por presuntas violaciones de derechos humanos.

La nueva legislación señala que los denominados “delitos de función” serán conocidos por la justicia militar cuando hayan sido cometidos durante operaciones de control del orden interno, estados de emergencia o acciones vinculadas a las atribuciones institucionales de los efectivos.

Para Salas, el problema radica en que la justicia militar está integrada por miembros de las propias instituciones involucradas.
“Quedaríamos ante la imposibilidad de contar con un debido proceso. Sabemos que en el fuero militar prima muchas veces el espíritu de cuerpo. Además, las posibilidades de cuestionar o apelar determinadas decisiones son mucho más limitadas”, afirmó.

El abogado recordó que existe un antecedente relevante de la Corte Suprema. En una sentencia emitida en 2004 se estableció que los crímenes o atentados contra los derechos humanos no pueden ser considerados actos de servicio y, por lo tanto, no corresponden a la jurisdicción militar.

Esa interpretación podría convertirse en uno de los principales argumentos para impedir la aplicación de la nueva ley.

CONTROL DIFUSO

Frente al escenario planteado por el Congreso, Salas considera que una salida jurídica sería la aplicación del control difuso por parte de los jueces.

Esta figura permite a los magistrados dejar de aplicar una norma cuando consideran que contradice la Constitución.

“Es deber de un juez no aplicar una norma inconstitucional. Si se trata de una disposición que afecta derechos fundamentales o invade competencias del Poder Judicial, corresponde ejercer control difuso”, explicó.

No obstante, advirtió que actualmente existe un clima de presión sobre los magistrados que recurren a este mecanismo.

Según indicó, algunos jueces han sido cuestionados e incluso sometidos a investigaciones disciplinarias por adoptar decisiones que contradicen normas promovidas desde el poder político.

“Se está pretendiendo colocar una espada sobre el cuello de los jueces. Se les acusa de prevaricato si deciden no aplicar determinadas leyes. Eso genera preocupación porque limita la independencia judicial”, señaló.

Más allá de los casos vinculados a las protestas contra Dina Boluarte, Salas considera que la norma envía un mensaje preocupante para el futuro.

A su juicio, la ley podría facilitar que en eventuales conflictos sociales o manifestaciones se recurra con mayor facilidad al uso de la fuerza, bajo la percepción de que las eventuales responsabilidades penales no serán evaluadas por jueces civiles.

“Surge una pregunta de fondo: ¿estamos en una democracia? Este tipo de normas son propias de regímenes autoritarios y no de sistemas democráticos donde existe control sobre las actuaciones del poder”, manifestó.

El abogado espera que el presidente del Congreso, José María Balcázar, observe la norma antes de su promulgación. De lo contrario, anticipa una batalla judicial que podría llegar hasta el Tribunal Constitucional e incluso instancias internacionales.

“Es una intervención grosera en la administración de justicia y algo que no corresponde a un país democrático”, concluyó.

RESALTAR

Mientras tanto, los familiares de Miguel Arcana, Xavier Candamo y Jhan Carlo Condori observan con preocupación cómo una decisión legislativa podría poner en riesgo el avance alcanzado tras más de dos años de investigaciones. Para ellos, la búsqueda de justicia podría volver a empezar desde cero.