Keiko Fujimori tendrá un desafío que va mucho más allá de recuperar el crecimiento económico, reducir la pobreza, combatir la inseguridad ciudadana o atraer nuevas inversiones. También deberá reconstruir la confianza de millones de peruanos que no votaron por ella y que han dejado de creer que el Estado pueda generar cambios que mejoren su calidad de vida. Arequipa es uno de los casos más representativos. En la primera vuelta, apenas el 7% de los votos válidos de la región fueron para Fuerza Popular. Gobernar para todos implica demostrar, con hechos y no con discursos, que el Gobierno Central puede convertirse en un verdadero aliado del desarrollo regional.

La inversión pública es una de las principales herramientas para lograrlo. Sin embargo, antes de discutir cómo mejorar su calidad, el Estado debe resolver un problema mucho más básico: ejecutar los proyectos que ya tiene presupuestados. Actualmente, Arequipa tiene 3 055 proyectos de inversión con recursos asignados. No obstante, 1 126 de ellos —más de uno de cada tres— no han ejecutado ni un solo sol, pese a que ya transcurrió la primera mitad del año. En conjunto, ello representa S/ 285 millones inmovilizados mientras miles de arequipeños siguen esperando mejores servicios públicos e infraestructura. Este problema atraviesa a todos los niveles de gobierno, pues los gobiernos locales concentran 991 proyectos sin ejecución por S/ 213 millones; el Gobierno Regional, 90 proyectos por S/ 35 millones; y el Gobierno Nacional, 45 proyectos por S/ 37 millones.

Esta realidad debería convertirse en una de las primeras prioridades del nuevo gobierno. Recuperar la confianza ciudadana no pasa solo por anunciar nuevas obras, sino por garantizar que los proyectos ya financiados se ejecuten y concluyan oportunamente. Una carretera inconclusa no reduce los costos logísticos, un hospital en papeles no mejora la atención médica y una obra de agua paralizada no beneficia a ninguna familia. Mientras los proyectos no se conviertan en infraestructura al servicio de la ciudadanía, las promesas seguirán siendo solo promesas.

Pero ejecutar más tampoco será suficiente. El desafío también radica en ejecutar mejor y priorizar proyectos con mayor impacto sobre el desarrollo regional. La calidad de una inversión pública no se mide por cuánto cuesta una obra, sino por el impacto que genera sobre la productividad, el acceso a servicios públicos y el bienestar de la población. Por ello, los recursos deben concentrarse en inversiones que fortalezcan la competitividad de Arequipa, una región líder en minería, agroexportación, industria y turismo. En esa línea, resulta indispensable ampliar el uso de mecanismos como las Obras por Impuestos y las Asociaciones Público-Privadas, que aceleran la ejecución de infraestructura y elevan la calidad de las inversiones.

Estos mecanismos pueden ser clave para acelerar varios de los proyectos estratégicos incluidos en el plan de gobierno de Fuerza Popular para Arequipa, como el destrabe de Majes-Siguas II, la modernización del aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón, y el desarrollo de una línea de metro para pasajeros y carga. De concretarse, estas iniciativas fortalecerían la competitividad regional, atraerían inversión privada y generarían empleo.

El nuevo gobierno contará, además, con una oportunidad poco frecuente. El inicio de su gestión coincidirá con la entrada en funciones de las nuevas autoridades regionales y municipales, lo que permitirá trabajar durante casi todo el quinquenio con los mismos equipos de gobierno. Esta coincidencia debería facilitar la coordinación entre los tres niveles del Estado y hará más viable destrabar proyectos estratégicos para Arequipa y el resto del país.

La confianza no se recupera con anuncios. Se recupera cuando los proyectos dejan de estar detenidos en el presupuesto y comienzan a mejorar la vida de las personas. Pero ello no dependerá únicamente del Gobierno. Los ciudadanos también tienen un rol fundamental: fiscalizar la ejecución de las obras, exigir transparencia y evaluar a sus autoridades por los resultados que entregan, y no por las promesas que realizan durante las campañas electorales. Porque, al final, la confianza no se construye con discursos, sino con obras que se ejecutan a tiempo y mejoran la vida de las personas.