Por Carlos Meneses

La continuidad de Velarde representa una oportunidad para preservar uno de los principales activos institucionales del Perú: la confianza. Pero esa confianza deberá traducirse en resultados concretos. Los próximos cinco años pondrán a prueba no solo la capacidad del Banco Central para mantener la estabilidad monetaria, sino también la voluntad del Estado para aprovechar ese entorno de confianza y convertirlo en crecimiento sostenible, inversión y bienestar para millones de peruanos. Ese es, en realidad, el verdadero reto que tiene por delante el país.

La permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR) es una noticia que trasciende los nombres y las coyunturas políticas. Su continuidad, a pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori, envía una señal de estabilidad en un momento en que el país necesita recuperar la confianza de los inversionistas, fortalecer su crecimiento y enfrentar un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

Durante casi dos décadas, el BCR ha sido una de las instituciones con mayor credibilidad del Estado peruano. Su autonomía, la disciplina en el manejo de la política monetaria y la capacidad para controlar la inflación le han permitido convertirse en un referente regional. Mantener esa fortaleza será indispensable, pero ya no será suficiente.

El desafío de los próximos cinco años va mucho más allá de preservar una inflación baja. El Perú enfrenta un crecimiento económico insuficiente para reducir la pobreza, una inversión privada que aún no recupera el dinamismo previo a las crisis políticas y un mercado laboral donde la informalidad continúa afectando a siete de cada diez trabajadores. En este escenario, el Banco Central deberá seguir actuando con prudencia, pero también con la capacidad de responder a un contexto económico cada vez más complejo.

El panorama internacional tampoco ofrece certezas. Las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos, la volatilidad de los precios de los minerales y los efectos del cambio climático sobre la producción agrícola representan factores que pueden alterar la estabilidad económica. Si a ello se suman los riesgos internos derivados de la inseguridad ciudadana, la conflictividad social y la debilidad institucional, queda claro que el margen para los errores es mínimo.

Sin embargo, conviene recordar que el Banco Central no puede resolver, por sí solo, los problemas estructurales del país. Ninguna política monetaria reemplaza la necesidad de ejecutar obras públicas, mejorar la productividad, impulsar la inversión o combatir la informalidad. La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el desarrollo, pero no garantiza el desarrollo por sí misma.

Por ello, el próximo gobierno tiene la responsabilidad de complementar el trabajo del BCR con políticas fiscales responsables, seguridad jurídica para las inversiones y una gestión pública eficiente. La coordinación entre ambas políticas económicas será determinante para que el país vuelva a crecer a tasas capaces de generar empleo y reducir las brechas sociales.