Por Carlos Meneses

La historia juzgará este nuevo gobierno no por las expectativas que hoy despierta, sino por su capacidad para cumplir los compromisos asumidos. El Perú necesita recuperar el rumbo con estabilidad democrática, respeto a las instituciones y políticas públicas que produzcan resultados tangibles. La ciudadanía ya no espera discursos inspiradores; espera obras, seguridad, empleo, servicios de calidad y un Estado que responda con eficacia. Ese será, finalmente, el verdadero examen del gobierno que está por comenzar.

La entrega de credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, marca el cierre formal del proceso electoral y el inicio de una nueva etapa política para el Perú. Con este acto, la voluntad expresada en las urnas se convierte en un mandato constitucional que trasciende a una persona o a un partido: representa la responsabilidad de conducir un país que enfrenta profundas brechas sociales, una economía con desafíos pendientes y una ciudadanía que exige soluciones concretas más que nuevas promesas.

En su primer mensaje como presidenta electa, Keiko Fujimori habló de progreso, inclusión, paz, fortalecimiento institucional y resultados. Son conceptos que responden a las principales demandas de millones de peruanos, pero también constituyen compromisos que deberán ser medidos por hechos y no por discursos. El país ha escuchado durante años ofrecimientos similares de distintos gobiernos, sin que muchos de ellos lograran materializarse en mejoras perceptibles para la población.

El mayor desafío será recuperar la confianza en las instituciones. La inestabilidad política, los permanentes enfrentamientos entre los poderes del Estado y los casos de corrupción han debilitado la credibilidad de la ciudadanía. Restablecer esa confianza requerirá una gestión transparente, capacidad de diálogo y una administración pública que responda con eficiencia a las necesidades de la población.

Asimismo, la promesa de cerrar brechas en infraestructura, salud, educación y conectividad debe convertirse en una prioridad nacional. Las diferencias entre Lima y las regiones siguen siendo evidentes. Millones de peruanos continúan esperando carreteras transitables, hospitales equipados, escuelas dignas y acceso permanente a servicios básicos. La inclusión solo será real cuando esas oportunidades lleguen a todos los rincones del país.

Otro aspecto central será mantener la estabilidad económica sin perder de vista el objetivo de que el crecimiento beneficie a más familias. La inversión privada y pública debe generar empleo formal, impulsar la competitividad y reducir la pobreza, pero también requiere reglas claras, seguridad jurídica y un clima político que favorezca la confianza.

La convocatoria al trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil constituye un mensaje positivo. Sin embargo, ese llamado deberá traducirse en consensos efectivos y en una gestión que privilegie el interés nacional por encima de las diferencias políticas.