Por Carlos Meneses

El Perú cuenta hoy con condiciones favorables para seguir creciendo. La estabilidad macroeconómica, la inversión privada y la demanda mundial de minerales ofrecen una ventana de oportunidad excepcional. Pero el éxito no dependerá únicamente del comportamiento de los mercados, sino de la capacidad del Estado para ejecutar obras, respetar las reglas fiscales, brindar seguridad jurídica y transformar el crecimiento económico en desarrollo sostenible e inclusión social. Solo así las buenas cifras dejarán de ser estadísticas y se convertirán en bienestar para millones de peruanos.

El Perú llega al inicio de un nuevo gobierno con señales alentadoras en el frente económico. Las proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), que elevan el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) a 3,3 % para 2026 y 3,4 % para 2027, reflejan una recuperación que descansa principalmente en el dinamismo de la inversión privada, la construcción, el comercio y la minería formal. Después de años marcados por la incertidumbre política, la confianza empresarial parece recuperar terreno y abre una oportunidad que el país no puede desaprovechar.

Sin embargo, el optimismo debe ir acompañado de prudencia. Las cifras macroeconómicas son importantes, pero por sí solas no garantizan una mejora en la calidad de vida de los peruanos. El verdadero reto consiste en convertir ese crecimiento en empleo formal, mejores servicios públicos y reducción efectiva de la pobreza.

La economía nacional muestra una marcada dualidad. Mientras los sectores no primarios avanzan con fuerza y sostienen el crecimiento, actividades como la pesca atraviesan una situación compleja. La primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro apenas alcanzó el 25 % de la cuota prevista, afectando no solo a la industria pesquera, sino también a miles de trabajadores que dependen de esta actividad. Esto demuestra que el crecimiento aún no es uniforme y que diversos sectores continúan expuestos a factores climáticos y productivos.

La minería formal sigue siendo uno de los principales pilares de la economía peruana. Los elevados precios internacionales del cobre han incrementado significativamente la recaudación tributaria y permitido mejorar las cuentas fiscales. Esa diferencia resulta especialmente relevante frente a la minería ilegal, que genera graves impactos ambientales y sociales sin aportar recursos al Estado.

No obstante, depender de los buenos precios de los minerales constituye un riesgo. Las finanzas públicas no pueden sostenerse únicamente en ingresos extraordinarios derivados del contexto internacional. El propio IPE advierte que, sin esa mayor recaudación minera, el déficit fiscal volvería a ubicarse cerca del 3 % del PBI, evidenciando problemas estructurales en el manejo del gasto público.

A ello se suma otro desafío: el incumplimiento reiterado de las reglas fiscales. Durante varios años el Estado ha incrementado el gasto corriente por encima de los límites establecidos, situación que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas y reduce el margen de maniobra frente a futuras crisis económicas o desastres naturales.

Precisamente, el Fenómeno El Niño Costero aparece como la principal amenaza para las perspectivas económicas. Las probabilidades de un evento de gran intensidad han aumentado considerablemente y podrían reducir el crecimiento previsto para este y el próximo año. La prevención ya no puede seguir siendo un discurso; debe convertirse en una prioridad nacional.

El próximo gobierno también tendrá la responsabilidad de enfrentar problemas que trascienden las cifras económicas: combatir la minería ilegal, reducir la pobreza, fortalecer la lucha contra la anemia infantil, mejorar la seguridad ciudadana y cerrar las brechas de infraestructura. Ninguna proyección de crecimiento será suficiente si esos desafíos permanecen intactos.