El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román-Juliaca condenó a ocho años de pena privativa de libertad efectiva a un expolicía identificado como Luis Felipe G. M., tras ser hallado responsable del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano.

PUNO

La sentencia fue obtenida luego de la acusación sustentada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Juliaca. Durante el juicio oral, el fiscal adjunto Gerardo Manuel Pari Vilca, del Primer Despacho de dicha fiscalía, presentó los elementos que permitieron acreditar las operaciones financieras realizadas por el ahora sentenciado.

De acuerdo con la investigación fiscal, entre abril y mayo de 2016, Luis Felipe G. M. efectuó diversas operaciones de cambio y compra de dólares estadounidenses utilizando el sistema financiero. En ese periodo, movilizó aproximadamente un millón diez mil dólares en efectivo, monto que, según la Fiscalía, tenía un origen ilícito.

Las investigaciones determinaron que el dinero provenía de una actividad criminal previa relacionada con la defraudación tributaria. Por ello, las operaciones efectuadas posteriormente fueron consideradas como actos destinados a introducir o movilizar recursos de procedencia ilícita, configurándose el delito de lavado de activos.

Otro de los elementos considerados durante el proceso fue la falta de correspondencia entre el volumen de las operaciones realizadas y el perfil económico del acusado. La Fiscalía acreditó que el sentenciado había trabajado como efectivo de la Policía Nacional del Perú hasta que pasó al retiro en 2015.

Según la acusación fiscal, su condición económica y laboral no permitía justificar la capacidad financiera necesaria para realizar transacciones por montos que alcanzaron el millón de dólares en efectivo.

Luego de evaluar las pruebas presentadas durante el juicio oral, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román-Juliaca determinó imponer una pena de ocho años de prisión efectiva.

Además de la condena, el órgano jurisdiccional estableció el pago de 200 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano. La medida busca resarcir el perjuicio ocasionado como consecuencia de las actividades vinculadas al delito por el cual fue sentenciado.

El Ministerio Público destacó el resultado del proceso como parte de las acciones que desarrolla para combatir el lavado de activos y las actividades vinculadas con la criminalidad organizada.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Juliaca resaltó la importancia de fortalecer las investigaciones sobre operaciones financieras que no guarden correspondencia con el perfil económico de sus titulares, especialmente cuando existen indicios de que los recursos podrían proceder de actividades ilícitas.

La sentencia constituye así un nuevo resultado judicial en la lucha contra el lavado de activos en la región Puno, donde las autoridades mantienen investigaciones relacionadas con el movimiento y la procedencia de importantes cantidades de dinero.