Recuperar la confianza entre el Estado, las empresas y la ciudadanía será uno de los principales desafíos del Perú para reducir la pobreza, mejorar su competitividad y garantizar inversiones sostenibles, señalaron especialistas. La tarea, según advirtieron, no pasa únicamente por impulsar el crecimiento económico, sino por generar resultados concretos y fortalecer la relación entre las instituciones y la población.

PRINCIPAL DESAFÍO DEL PERÚ

Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, sostuvo que el próximo gobierno deberá concentrar esfuerzos en recuperar la credibilidad de las instituciones y demostrar con hechos que los compromisos asumidos pueden cumplirse.

La especialista explicó que enfrentar la pobreza requiere más que crecimiento económico o un aumento de la inversión pública. También es necesario que el Estado sea capaz de convocar a las comunidades, empresas, autoridades y otros actores para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de los territorios.

Advirtió que la falta de confianza dificulta la cooperación y obliga al Estado a asumir responsabilidades que podrían ser compartidas. En ese sentido, consideró fundamental que las autoridades eviten realizar anuncios que posteriormente no se traduzcan en obras, servicios o mejoras visibles para la población.

Trivelli también planteó la necesidad de fortalecer el diálogo antes de que surjan conflictos sociales. Señaló que cuando la comunicación se inicia después de que el conflicto ya estalló, las posibilidades de construir acuerdos son menores y el proceso termina convirtiéndose principalmente en una negociación.

En la misma línea, Tamiko Hasegawa, presidenta del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), afirmó que la gestión social se ha convertido en un componente decisivo para la viabilidad de las inversiones, al mismo nivel de importancia que el capital y la tecnología.

Explicó que los inversionistas evalúan cada vez más factores como la gobernanza, la estabilidad social, el desempeño ambiental y la relación con las comunidades antes de decidir la ejecución de un proyecto.

Hasegawa sostuvo que la competitividad del país no consiste solamente en atraer capital, sino en generar las condiciones necesarias para que las inversiones puedan mantenerse y contribuir al desarrollo de las poblaciones.

Asimismo, consideró necesario superar una visión limitada de la gestión social basada únicamente en programas o actividades y avanzar hacia estrategias que fortalezcan las capacidades de los territorios. Las comunidades, dijo, buscan participar en las decisiones que afectan su futuro y no solo recibir soluciones elaboradas sin su intervención.

Para la especialista, el impacto de una inversión debe medirse también por la calidad del diálogo, el cumplimiento de acuerdos, el fortalecimiento de las instituciones locales y la permanencia de los resultados.

Ambas especialistas participarán en el GESS 2026, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, del 18 al 20 de agosto en Lima, donde se analizará el papel de la gestión social en la promoción de inversiones sostenibles y con impacto positivo en las comunidades.