Pedro Castillo, expresidente del Perú.

El expresidente Pedro Castillo podrá intervenir de manera virtual en la audiencia judicial en la que se evaluará un nuevo recurso de hábeas corpus que busca dejar sin efecto las decisiones que determinaron su privación de libertad. La diligencia fue programada para el miércoles 12 de agosto, desde las 11:00 horas.

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima autorizó que Castillo realice un informe oral durante la audiencia, luego de que su abogado, el exministro de Defensa Walter Ayala, presentara el recurso sustentado, entre otros argumentos, en las conclusiones de un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Dicho grupo de trabajo concluyó que la detención de Castillo fue arbitraria y recomendó su liberación. El informe está relacionado con los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario anunció la disolución del Congreso y otras medidas que fueron consideradas un intento de quebrar el orden constitucional.

Ante la próxima audiencia, el juzgado remitió el pasado 31 de julio un oficio al director del establecimiento penitenciario de Barbadillo, en Ate, donde permanece recluido el exmandatario, para que se le otorguen las facilidades necesarias para participar mediante videoconferencia.

¿Qué solicita el hábeas corpus?

El recurso presentado por la defensa plantea la anulación de las resoluciones legislativas mediante las cuales se aprobó la vacancia de Castillo por permanente incapacidad moral y el levantamiento de su antejuicio político.

Asimismo, solicita que se deje sin efecto la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso el 4 de diciembre de 2025, tras hallarlo responsable del delito de conspiración para rebelión por los hechos del 7 de diciembre de 2022.

La defensa también pretende anular la prisión preventiva dictada contra el exmandatario dentro de la investigación preparatoria que afronta por los presuntos delitos de organización criminal y otros, relacionados con los casos PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

El proceso constitucional comprende como demandados a diversas autoridades del Estado, entre ellas el presidente de la República, José María Balcázar; el presidente del Congreso; el exministro de Justicia Luis Jiménez; el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley; magistrados de la Corte Suprema y el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

La audiencia del 12 de agosto permitirá a la defensa exponer sus argumentos y al órgano jurisdiccional evaluar los pedidos formulados. La participación de Castillo será únicamente dentro del marco de esta diligencia judicial y no implica, por sí misma, una decisión sobre su eventual libertad.