Por Carlos Meneses

El Perú necesita recuperar algo más que la confianza de los empresarios: necesita demostrar que sabe aprovecharla. La oportunidad está abierta. Ahora corresponde al Gobierno, al Congreso y a las autoridades regionales y municipales hacer que el optimismo se convierta en resultados concretos para la ciudadanía.

La confianza empresarial alcanzó en julio su nivel más alto de los últimos ocho años. Es una señal que el Perú no puede desperdiciar. Después de años marcados por la incertidumbre política, la inestabilidad y el deterioro de las expectativas, que 16 de los 18 indicadores evaluados por el Banco Central de Reserva se ubiquen por encima de los 50 puntos revela que el sector privado vuelve a mirar el futuro con mayor optimismo.

El dato es importante, pero no debe ser confundido con crecimiento económico. Las expectativas son apenas el primer paso. El verdadero desafío consiste en conseguir que ese optimismo se transforme en inversiones, puestos de trabajo, mayor producción y mejores oportunidades para los peruanos.

La expectativa de crecimiento de la economía para los próximos doce meses subió a 72,1 puntos, mientras que las proyecciones de inversión y contratación también mejoraron. Es decir, existen empresarios dispuestos a apostar nuevamente por el país. El nuevo gobierno tiene ahora la obligación de generar las condiciones para que esa apuesta se concrete.

Y aquí aparece una responsabilidad que no puede ser eludida: el Estado debe estar a la altura del sector privado. No sirve de mucho que una empresa quiera invertir si encuentra trámites interminables, infraestructura deficiente, inseguridad, conflictos sociales o autoridades incapaces de ejecutar los recursos disponibles.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Carlos Fernández, ha puesto el dedo en la llaga al advertir que la inversión privada debe ser acompañada por un gasto público eficiente. El problema no es únicamente cuánto dinero recibe una región, sino qué hace con él.

Arequipa es un ejemplo evidente. La región recibió importantes recursos provenientes del canon y las regalías mineras, pero todavía mantiene enormes brechas en agua, salud, educación, transporte e infraestructura. ¿Dónde está entonces el desarrollo que debería producir esa riqueza?

El canon no puede convertirse en una cifra para exhibir en informes presupuestales. Debe traducirse en escuelas dignas, hospitales operativos, carreteras seguras, agua potable, reducción de la anemia y mejores servicios públicos. También debe contribuir a resolver problemas que afectan directamente la productividad, como el caótico transporte urbano.

Si las expectativas empresariales se convierten en inversiones y el Estado acompaña ese impulso con una ejecución eficiente de los recursos públicos, el Perú podría iniciar un nuevo ciclo de crecimiento.

Pero existe también el riesgo contrario. Si el optimismo queda atrapado en discursos, burocracia, corrupción, inseguridad y obras inconclusas, la confianza terminará siendo apenas una buena estadística.