El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, afirmó que la prioridad del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori será restablecer el orden, tanto en las calles como en la administración pública, con especial énfasis en la lucha contra la delincuencia.

El jefe del Gabinete sostuvo que el país requiere recuperar el control frente a la inseguridad ciudadana, pero también mejorar la gestión estatal y el uso de los recursos públicos. Señaló que encontró un Estado en una situación “terrible” y “calamitosa”, por lo que anunció medidas para ordenar la administración y orientar el trabajo hacia resultados concretos.

En materia de seguridad, Galarreta informó que las Fuerzas Armadas tendrán un rol activo, dentro del marco constitucional, en apoyo a la Policía Nacional. Entre las acciones previstas se contempla su participación en rutas de transporte urbano, el resguardo de buses y el apoyo en establecimientos penitenciarios.

El premier también destacó la realización del primer Consejo de Inteligencia Nacional, encabezado por la presidenta Fujimori y con participación de los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas. El objetivo es fortalecer la inteligencia para anticipar las acciones de las organizaciones criminales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado.

Asimismo, anunció que el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas para establecer una nueva figura destinada a combatir a las bandas criminales transnacionales, denominándolas “grupos hostiles”. Según explicó, esta medida permitiría enfrentarlas con mayor severidad.

Galarreta defendió, además, la conformación del actual Gabinete Ministerial, asegurando que sus integrantes fueron seleccionados por experiencia y capacidad de gestión, y no por cuotas partidarias o de género.

El titular de la PCM sostuvo que su gestión estará orientada a cumplir metas y mantener una comunicación directa con la población. Cada ministro, indicó, deberá informar sobre las decisiones y avances de su sector.

Las medidas anunciadas tendrán especial impacto en regiones como Arequipa, donde la inseguridad y los problemas vinculados al transporte urbano forman parte de las principales preocupaciones ciudadanas. La presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad deberá ejecutarse bajo las competencias y límites establecidos por la Constitución.