El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla advirtió sobre los riesgos fiscales y operativos del subsidio focalizado anunciado por el Gobierno para apoyar a los transportistas frente al incremento del precio de los combustibles.

La medida, anunciada por la presidenta Keiko Fujimori, contempla un subsidio de entre 15 % y 20 % en la compra de diésel para transportistas de todo el país durante tres meses. La propuesta busca contener el impacto del alza internacional de los combustibles, atribuida por el Ejecutivo a la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente.

Agregó que la focalización será determinante para evitar que el mecanismo termine beneficiando a quienes no necesitan el apoyo. Sin embargo, expresó dudas sobre la capacidad del Estado para construir un padrón confiable de beneficiarios, especialmente por el elevado nivel de informalidad existente en el sector transporte.

“Creo que todo subsidio debe ser focalizado”, afirmó el exministro, quien señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tendría que identificar con precisión a quienes recibirán el beneficio.

La dificultad aumenta, explicó, porque el universo considerado por el Gobierno comprende distintas modalidades de transporte, entre ellas mototaxis, transporte fluvial y transporte masivo que utiliza diésel. En estos sectores conviven operadores formales e informales, situación que podría dificultar la identificación de los beneficiarios y el control de los recursos públicos.

Uno de los principales cuestionamientos de Castilla está relacionado con la duración del subsidio. Aunque el Gobierno plantea inicialmente un periodo limitado, el economista advirtió que retirar este tipo de beneficios suele generar presión social y política.

“Es muy fácil dar subsidios, es muy difícil retirarlos”, señaló, al explicar que una medida concebida como temporal puede terminar extendiéndose ante las protestas de los sectores beneficiados.

El costo fiscal también constituye un motivo de preocupación. Castilla estimó que el subsidio representaría alrededor de S/75 millones durante dos meses y cerca de S/120 millones si se mantiene durante los tres meses anunciados.

A su juicio, el problema podría adquirir mayores dimensiones si los precios internacionales continúan aumentando, debido a que el Estado enfrentaría presiones para elevar el monto del subsidio y compensar el incremento del combustible.

“Cuando uno da ese tipo de subsidios para mitigar la volatilidad del mercado internacional y proteger a ciertos grupos, el cielo es el límite”, advirtió.

Las declaraciones se producen en medio de protestas sociales registradas en Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna por el incremento de los combustibles. El debate, por tanto, no solo está en cómo aliviar el impacto inmediato del alza, sino en garantizar que cualquier apoyo estatal sea temporal, transparente, fiscalmente sostenible y llegue realmente a quienes lo necesitan.