Por Carlos Meneses

La avenida Parra necesita una reparación definitiva, no una sucesión de parches. Arequipa ya ha soportado demasiadas obras que se deterioran antes de tiempo. El dinero público exige obras bien ejecutadas, supervisadas y entregadas con responsabilidad. Y cuando algo falla, la ciudadanía tiene derecho a saber quién falló y quién pagará la cuenta.

La imagen del pavimento hundido en la avenida Parra, apenas 12 horas después de su inauguración reportada, resulta difícil de conciliar con cualquier discurso de eficiencia, planificación y calidad de la obra pública. Más allá de determinar si la responsabilidad corresponde a SEDAPAR, a la empresa contratista o a ambos, lo ocurrido revela una preocupante falta de coordinación entre las instituciones que intervienen en una obra que afecta directamente a miles de ciudadanos.

Un pavimento nuevo no debería convertirse en un problema pocas horas después de habilitarse. Y si debajo de la carpeta asfáltica existía una tubería que había presentado una avería, la pregunta resulta inevitable: ¿se verificó realmente que la reparación había quedado solucionada antes de colocar nuevamente el asfalto?

La Municipalidad Provincial de Arequipa sostiene que el hundimiento fue provocado por una nueva rotura de una tubería de SEDAPAR. Puede ser así. Pero una explicación verbal no basta cuando se trata de una obra pública y cuando el daño alcanza dimensiones considerables. Se requiere un informe técnico que establezca qué ocurrió, por qué ocurrió y quién debe asumir los costos de la reparación.

También resulta cuestionable que una vía haya sido presentada como inaugurada cuando, según la propia autoridad municipal, la obra todavía no había sido entregada formalmente y permanecían pendientes trabajos de señalización, limpieza y pintura. La ciudadanía merece conocer con precisión cuándo una obra está concluida y cuándo simplemente se habilita parcialmente para el tránsito.

El episodio evidencia, además, los riesgos de inaugurar obras antes de completar todas las verificaciones. Una avenida no se inaugura para la fotografía ni para cumplir una fecha política. Se inaugura cuando está terminada, funciona correctamente y ofrece garantías mínimas de seguridad y durabilidad.

La respuesta de la municipalidad tampoco puede limitarse a señalar a SEDAPAR. Ambas entidades forman parte del aparato público y tienen la obligación de coordinar. Si una empresa de saneamiento interviene una tubería y posteriormente una contratista coloca pavimento sobre ese sector, debe existir una verificación técnica rigurosa antes de cerrar definitivamente el trabajo.

Es positivo que se haya cerrado el carril afectado para evitar accidentes. Sin embargo, la solución no debe ser únicamente volver a asfaltar. Debe determinarse la causa exacta del hundimiento y dejar constancia documentada de las responsabilidades.