Por Carlos Meneses

Una obra de S/ 2.35 millones no puede comenzar a deteriorarse antes de que termine de justificarse su inversión. Y si ya presenta problemas, la ciudadanía merece saber por qué, quién falló y quién asumirá el costo de corregirlos. Porque el dinero público no es de los funcionarios: es de todos los arequipeños.

Resulta difícil entender cómo una obra pública de S/ 2.35 millones puede mostrar deficiencias apenas días después de ser entregada al tránsito. Eso es precisamente lo que ocurre con el reasfaltado de la avenida Parra, una intervención que debía representar una mejora para una de las principales vías de Arequipa y que hoy está bajo observación de la Contraloría.

La pregunta no es menor: ¿quién garantiza que una obra que ya presenta desprendimiento de la carpeta asfáltica tendrá la calidad y duración que los ciudadanos pagaron?

La Contraloría constató el 18 de agosto que, pocos días después de la apertura de la vía, ya existían sectores con peladuras y desprendimiento de material. También detectó partículas de gran tamaño en la base granular, una condición que podría afectar la compactación y, por tanto, la estabilidad y vida útil del pavimento.

No estamos hablando de una obra antigua sometida al desgaste natural del tránsito. Estamos hablando de un asfaltado prácticamente nuevo. Si el deterioro aparece a los pocos días, algo evidentemente no está funcionando como debería.

Y el problema se vuelve todavía más preocupante cuando el órgano de control advierte deficiencias en la supervisión. Durante la inspección no estuvieron presentes varios profesionales considerados personal clave del contratista y de la supervisión, vinculados a aspectos tan importantes como calidad, seguridad, salud en el trabajo e impacto ambiental.

Una obra pública no puede depender de la buena voluntad del contratista ni de controles posteriores. La supervisión debe ser permanente, rigurosa y capaz de detectar y corregir oportunamente cualquier deficiencia antes de que el problema termine siendo pagado nuevamente por los ciudadanos.

También preocupa que el cuaderno de incidencias registre anotaciones extemporáneas y regularizaciones. La documentación de una obra debe permitir conocer con claridad qué ocurrió, cuándo ocurrió y quién tomó las decisiones. Sin trazabilidad, se debilita la capacidad de fiscalizar y determinar responsabilidades.

La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene ahora la obligación de actuar. No basta con recibir el informe de Contraloría y anunciar que se tomarán medidas. Debe exigir explicaciones, corregir las deficiencias y determinar responsabilidades si corresponde.

Arequipa no necesita obras para la fotografía ni asfaltados que duren lo que dura una gestión municipal. Necesita infraestructura ejecutada con calidad, supervisión efectiva y respeto por cada sol del presupuesto público.