Las 24 motocicletas adquiridas por el Gobierno Regional de Arequipa para reforzar la vigilancia de las cuencas de Majes, Ocoña y Camaná continúan sin un destino definido, pese a que la compra se concretó hace más de cuatro años. Las unidades permanecen en los almacenes de la entidad regional.

INVERSIÓN FUE DE CASI 200 MIL SOLES

La adquisición fue realizada durante la gestión de Kimmerlee Gutiérrez y representó un desembolso de S/191 mil 760. El proyecto contemplaba que los vehículos fueran utilizados en labores relacionadas con la fiscalización de la actividad extractiva del camarón y que beneficiaran principalmente a los pescadores de estas zonas.

Sin embargo, el paso del tiempo no permitió concretar el propósito inicial. Incluso, algunas de las motocicletas llegaron a ser entregadas a los camaroneros, pero tuvieron que regresar a los depósitos del Gobierno Regional debido a que no contaban con placas, requisito indispensable para su circulación.

El gerente regional de la Producción, Wilson Paz Valcárcel, señaló que todavía no se puede establecer quiénes recibirán finalmente las unidades ni bajo qué condiciones serán utilizadas. Según explicó, primero debe cerrarse administrativamente el proyecto y determinarse el estado de los bienes.

Un paso en esa dirección recién se dio el 9 de junio de este año, cuando se conformó el comité encargado de realizar la verificación física de las motocicletas como parte del proceso de liquidación. Este grupo es presidido por Normando Zeballos Alvarado.

Una vez concluida esta etapa, la Gerencia Regional de la Producción prevé convocar a los pescadores de camarón para conocer sus necesidades y evaluar si requieren las unidades y en qué cantidad. La eventual entrega, además, deberá estar acompañada de un esquema que permita garantizar el mantenimiento y funcionamiento de los vehículos.

Paz Valcárcel advirtió que entregar las motocicletas sin asegurar los recursos para su operación podría generar nuevos problemas. Por ello, se evalúa involucrar a los gobiernos locales para determinar si pueden asumir los costos de mantenimiento y otros gastos asociados al uso de las unidades.

El caso pone en evidencia la demora entre la ejecución de una inversión pública y su puesta en funcionamiento. Mientras el proyecto continúa en proceso de liquidación, las motocicletas permanecen almacenadas y los recursos destinados a su adquisición todavía no se traducen plenamente en las labores de vigilancia para las que fueron compradas.

El Gobierno Regional tendrá ahora que concluir los trámites pendientes y establecer un mecanismo que permita poner en servicio los vehículos sin repetir las deficiencias que retrasaron su utilización.