Por Carlos Meneses

El problema del agua potable en el Perú ya no puede explicarse únicamente por la falta de infraestructura. El reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela una realidad mucho más grave: el país no solo tiene dificultades para ampliar la cobertura, sino que además pierde enormes cantidades del recurso que ya produce y mantiene empresas prestadoras con serios problemas de gestión.

Entre 2017 y 2025, la cobertura de agua por red pública cayó de 83,9% a 83,3%. Aunque 27,1 millones de personas cuentan actualmente con este servicio, más de cinco millones todavía permanecen fuera de la red. Lo preocupante es que el retroceso se concentra principalmente en las ciudades, precisamente donde la expansión urbana debería estar acompañada por una adecuada planificación de servicios básicos.

El crecimiento informal y desordenado de las urbes encarece la instalación de redes y deja a miles de familias en condiciones precarias. Pero responsabilizar únicamente a la informalidad sería insuficiente. El Estado también ha fallado en ordenar el territorio, anticipar el crecimiento poblacional y ejecutar oportunamente las inversiones necesarias.

Más preocupante aún es que tener una conexión tampoco garantiza recibir agua todos los días ni disponer de un recurso seguro. Apenas 41,7% de la población tuvo acceso a agua segura en 2025. Es decir, el país continúa hablando de cobertura cuando el verdadero desafío debería ser asegurar calidad, continuidad y suficiencia.

A esto se suma una ineficiencia que resulta difícil de justificar: 38 de las 50 empresas prestadoras pierden o dejan de facturar al menos 30% del agua que producen. En algunos casos, las pérdidas superan la mitad del recurso. Fugas, conexiones clandestinas, redes deterioradas y falta de medidores evidencian empresas que no están en condiciones de administrar adecuadamente un recurso cada vez más estratégico.

El problema no es menor. Si las prestadoras pierden agua, pierden también ingresos. Y si sus ingresos son insuficientes, disminuye su capacidad para mantener las redes, corregir fugas, ampliar la cobertura y mejorar el servicio. Se genera así un círculo perverso de ineficiencia, precariedad y falta de inversión.

El informe también pone en evidencia la responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Que ocho gobiernos regionales hayan ejecutado, al cierre de agosto, menos de la mitad de sus presupuestos para saneamiento demuestra que el problema no siempre es la ausencia de recursos. Muchas veces es la incapacidad para convertirlos en obras y servicios concretos para la población.

De cara a las elecciones subnacionales, el agua debería ocupar un lugar central en las propuestas de candidatos regionales y municipales. No bastan anuncios de nuevas tuberías, reservorios o conexiones. Se necesita planificación urbana, capacidad de ejecución, empresas eficientes y mecanismos de control que impidan que millones de metros cúbicos se pierdan antes de llegar a los hogares.

RESALTAR

El desafío no es solamente producir más agua, sino dejar de perder la que ya tenemos y garantizar que llegue de manera continua, segura y equitativa. Mientras el Estado siga permitiendo pérdidas de esta magnitud y empresas financieramente débiles, hablar de cerrar la brecha de agua seguirá siendo, en buena medida, una promesa pendiente.