Mientras ocupaba una jefatura de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Juan Fernando Salas Vargas obtuvo una orden de servicio del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y recibió S/ 2 mil por un primer entregable. La Contraloría detectó que ambas vinculaciones se mantuvieron de manera simultánea y lo calificó como un caso de doble percepción de ingresos del Estado.

Salas Vargas se desempeñó como jefe de la Oficina de Planeamiento y Programación Multianual de Inversiones de la MPA entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2025. Durante esos tres meses percibió una remuneración mensual de S/ 5 mil 500 bajo el régimen CAS de confianza y tenía una jornada laboral establecida de lunes a viernes, de 07:45 a 15:45 horas. Fue precisamente dentro de ese periodo —el 20 de marzo— cuando la Gerencia Regional de Trabajo emitió a su favor la orden de servicio para prestar servicios como consultor del OSEL.

En paralelo, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) le otorgó la Orden de Servicio N.° 157-2025 por S/ 6 mil y un plazo de 90 días. El primer entregable comprendía del 20 de marzo al 18 de abril y generó un pago de S/ 2 mil. Los S/ 4 mil restantes fueron rebajados en el SIAF debido a que no se acreditó la presentación ni conformidad de los otros dos entregables.

Durante el periodo contratado por el GRA, Salas Vargas reportó asesorías a áreas del Centro de Empleo y de la Gerencia Regional de Trabajo, reuniones para elaborar el Diagnóstico Regional del Mercado de Trabajo y el Plan de Competencias Laborales, además de la preparación de información para una conferencia de prensa y la elaboración de una nota sobre tendencias del mercado laboral regional.

El Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 13510-2026-CG/GRAR-AOP, emitido el 17 de setiembre, señala que esta situación afectó la legalidad y el deber de probidad que rigen la función pública. La Contraloría comunicó el hallazgo al alcalde Rolando Bedregal Sanz y recomendó adoptar las acciones correspondientes para atender o superar el hecho y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades.