Por Carlos Meneses

La inseguridad no se detiene con discursos. Se enfrenta con instituciones que funcionen, policías protegidos y capacitados, fiscales que investiguen, jueces que actúen dentro de la ley y un Estado presente en las calles. El tiempo de las declaraciones ya es demasiado largo. Lo que corresponde ahora son resultados.

El asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, ocurrido en Caraz mientras realizaba una actividad proselitista, vuelve a colocar frente al país una realidad que ya no admite discursos tranquilizadores: la delincuencia ha ganado espacio y la capacidad de respuesta del Estado sigue siendo cuestionada. La Fiscalía investiga el crimen como un presunto caso de sicariato y dos investigados cumplen detención preliminar.

El problema no es solamente la existencia del crimen organizado. Es también la capacidad del Estado para prevenirlo, investigarlo y evitar que la población quede expuesta. La propia Defensoría del Pueblo advirtió, tras el asesinato de Aponte, sobre la ausencia de presencia policial en el mercado donde ocurrió el ataque y sobre la tardía llegada de efectivos pese a las llamadas de auxilio.

Mientras comerciantes, transportistas, empresarios y ciudadanos enfrentan extorsiones, amenazas, robos y asesinatos, las respuestas oficiales vuelven a concentrarse en anuncios. La presidenta Keiko Fujimori aseguró que adoptará “fuertes decisiones” y todas las necesarias para restablecer el orden y la paz. Días antes había ofrecido respaldo político y económico a la Policía, además de fortalecer sus herramientas, capacitación, tecnología e inteligencia.

Pero el país necesita algo más que declaraciones firmes. Necesita resultados verificables.

El Congreso ya ha recibido advertencias sobre la gravedad del problema. Una moción presentada para que el ministro del Interior informe sobre las medidas frente a la inseguridad citó 1 071 homicidios registrados en el primer semestre de 2026 y 1 138 al incorporar los casos de julio. También recordó que 2025 terminó con 2 218 homicidios.

Estas cifras muestran que la discusión no puede reducirse a quién pronuncia el discurso más severo. La seguridad requiere inteligencia policial, investigación criminal, capacidad fiscal, control territorial, protección de víctimas y testigos, y un sistema penitenciario que no siga siendo utilizado para organizar delitos desde las cárceles.

La muerte de Susy Aponte es especialmente grave porque ocurrió en plena campaña electoral. Una sociedad democrática no puede normalizar que un candidato sea asesinado durante una actividad política. La Defensoría ha pedido medidas urgentes de protección para quienes participan en las elecciones regionales y municipales.

El Gobierno tiene ahora la responsabilidad de demostrar que sus anuncios pueden convertirse en acciones concretas. La ciudadanía no necesita promesas de autoridad, sino autoridad efectiva; no necesita únicamente operativos después de los crímenes, sino prevención antes de ellos.