Por Carlos Meneses

El informe del IPE llega antes del cambio de autoridades y, por eso, debe ser leído como una advertencia. La corrupción prospera donde falta control, pero también donde sobra improvisación. Arequipa necesita autoridades que hagan de la transparencia y la eficiencia una obligación cotidiana, no un discurso de campaña.

El diagnóstico presentado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en su Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026 debería ser una señal de alarma para quienes asumirán los gobiernos regionales y municipales después de las elecciones del 4 de octubre. El problema no es solamente la corrupción entendida como delito. También lo es una administración incapaz de planificar, ejecutar, fiscalizar y rendir cuentas.

Los números son difíciles de ignorar. El IPE señala que 22 de las 25 regiones redujeron su puntaje de integridad entre 2019 y 2026 y que ninguna alcanza actualmente el nivel de riesgo bajo. Además, en 22 regiones más de la mitad de los proyectos de inversión pública administrados por gobiernos regionales y municipalidades se encuentran paralizados o abandonados.

¿Qué significa esto para el ciudadano? Significa hospitales que no terminan, colegios que esperan, carreteras que se deterioran y millones de soles que permanecen inmovilizados mientras las necesidades crecen. Una obra paralizada no es únicamente una deficiencia administrativa: representa un servicio que no llega y una oportunidad perdida para miles de personas.

También preocupa la contratación pública. En 12 regiones, más del 40% de los procesos son adjudicados con un solo postor. El dato, por sí mismo, no demuestra corrupción, pero sí constituye una señal que requiere fiscalización y explicación. Cuando la competencia disminuye de manera reiterada, las autoridades deben demostrar que los procesos fueron diseñados y ejecutados bajo condiciones que garanticen transparencia y participación.

El otro problema es la ejecución presupuestal tardía. Concentrar una proporción elevada del gasto en diciembre revela dificultades para planificar y ejecutar durante el año. No se trata de gastar por gastar. Se trata de convertir oportunamente el presupuesto en servicios, infraestructura y soluciones concretas.

Más preocupante aún es que las denuncias por corrupción aumentaron en 24 de las 25 regiones desde 2019. La tasa nacional pasó de 5,2 a 10,9 denuncias por cada mil trabajadores públicos, según el IRIS.

Arequipa aparece entre las seis regiones clasificadas en nivel medio-bajo de riesgo de integridad. Pero ese resultado no puede convertirse en motivo de complacencia. Una posición relativamente favorable no significa que los problemas hayan desaparecido. La propia región enfrenta obras retrasadas, dificultades de ejecución y cuestionamientos recurrentes sobre la gestión pública.

La próxima administración regional y las nuevas municipalidades tendrán que entender que gobernar no consiste en inaugurar obras ni multiplicar anuncios. Gobernar significa planificar bien, contratar con transparencia, ejecutar a tiempo, fiscalizar y explicar cada sol gastado.